Políticas, académicas, investigadoras, legisladoras y funcionarias públicas coinciden en que para avanzar hacia una igualdad sustantiva urgen cambios normativos con perspectiva de género, opinan que se deben reformar las leyes a fin de que realmente se proteja la vida de las mujeres. Justo cuando se cumple 15 años de la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se promulgó el 1 de febrero de 2007, las mujeres se sentaron a debatir sobre este marco jurídico y la necesidad de impulsarlo con recursos económicos, porque política pública sin presupuesto no garantiza el beneficio para las mujeres.
Nadine Gasman, del Inmujeres, Olga Sánchez y Martha Lucía Micher, desde el Senado y Patricia Salazar, alcaldesa de Allende, Nuevo León intercambiaron sus puntos de vista para recalcar que aún falta mucho por hacer en todos los órdenes de gobierno para crear mecanismos que en realidad den acceso a las mujeres a una mejor vida.
Tanto el aparato judicial, como el legislativo y los entes locales deben colocar a las niñas, adolescentes y mujeres en el centro de sus políticas, pues aun se padece sexismo y discriminación por género.
Con poca auto crítica y una reflexión institucionalizada, Gasman sostuvo en este encuentro virtual que el Proigualdad, un programa que este sexenio presume como instrumento estratégico para atender en igualdad de condiciones a Mujeres y Hombres, promueve un nuevo federalismo que trabaja para garantizar los derechos de todas las mujeres y niñas de este país, sin embargo las recientes cifras que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la contradicen, el dato duro es claro, en el 2021 aumentaron los feminicidios un 3.25 por ciento, además aumentaron las cifras de mujeres víctimas de extorsión, de trata de personas, de delitos de violación y violencia familiar.
Para la responsable del aparato del Estado dedicado a la política pública con visión de género, asegura que esta trabajando, en este tercer año de gobierno federal, recogiendo las problemáticas que las mujeres viven día con día para así posicionar un Sistema Nacional de Igualdad, pero lo cierto es que se les ha ido el tiempo en encuestas, sondeos e intercambio de ideas, sin presentar una verdadera estrategia que contenga la violencia feminicida, sus propios datos les demuestran la emergencia nacional de la violencia que padecen las mujeres y no se están asignando más recursos para apoyarlas.
Se propone un trabajo transversal, pero se deja fuera las organizaciones civiles de las mujeres, se promete atender la diversidad social y los cambios culturales de cada región, pero no se dialoga con las activistas feministas y se reniega de la acción social que ellas encabezan.
Tienen el diagnóstico, pero si no se reconocen las fallas se repetirá el ciclo de los 3 primeros años de este gobierno, prevalecerá la ausencia de la perspectiva de género en la gobernanza, y con esto más cifras dolosas que lamentar.
Por Guadalupe Escobedo Conde
