TAMAULIPAS.- Además de mayor crecimiento y menor corrupción, las otras dos banderas de campaña de López Obrador fueron las de acabar con —o aminorar— la pobreza y la desigualdad. Ambas han sido y siguen siendo dos de las asignaturas pendientes de todos los gobiernos, incluido el de Morena. Ninguna de estas dos últimas promesas ha sido cumplida.
Según la secretaria de Bienestar, esta administración logró disminuir los índices de miseria, aumentar el número de beneficiarios y que aún con la pandemia, ha disminuido la pobreza. También insiste en que ahora no se hace uso u operación electoral con los programas y que hoy los padrones son públicos y transparentes. Estos son el tipo de datos ofrecidos en entrevistas y en la mañanera, pero los propios datos oficiales los desmienten.
Tan sólo en 2020 las personas en situación de pobreza han crecido en 3.8 millones pasando del 41.9% de la población a 43.9 por ciento. Los pobres extremos pasaron de 8.7 millones en 2018 a 10.8 millones en 2020 (Coneval). Tampoco es cierto que hoy haya más beneficiarios. En 2016, 61% de los hogares más pobres (decil I) eran beneficiarios de programas sociales. En 2020 solo 35 por ciento. Por el contrario, entre 2016 y 2020 se duplicó el porcentaje de beneficiarios entre los hogares más ricos (INDESIG –ENIGH).
Esto con respecto a los programas que a la Secretaría no le gusta llamar dádivas, sino derechos constitucionales.
La educación y la salud —factores indispensables para medir el efecto positivo de una política social— no han más que empeorado. En lo que va del sexenio, 15.6 millones perdieron acceso a la salud. En educación, las cosas van, si cabe, peor. El presupuesto educativo es menor.
En 2022, el gobierno destinó 780 mmdp a la educación, la menor cantidad desde 2010 y, la tasa de escolarización básica —3 a 14 años— está en los niveles más bajos de los últimos 15 años: 91% vs 95% que tuvimos en 2015. En el mismo sentido, la caída de la matrícula de la educación media y media superior fue de casi 367 mil estudiantes entre los ciclos escolares 2018-2019 y 2021-2022 (Tec-Monterrey y México Evalúa).
Y no, la transparencia no es la regla. Deja mucho que desear y es bastante peor que en sexenios anteriores. En este gobierno no hemos tenido una política social que merezca ese nombre. Sí, en cambio, hemos tenido una política clientelar que ya hubiese soñado el PRI en su época de oro. La poca institucionalidad que caracterizó a los programas sociales ha crecido exponencialmente. Cada vez más ciudadanos piensan que los recursos que reciben de los programas sociales provienen de López Obrador (38%), del gobierno federal (30%) o de Morena (11 por ciento). En 2020, sólo el 17% consideraba que López Obrador era a quien debíamos tanta generosidad (4a Encuesta Nacional sobre Corrupción MCCI-Reforma).
Sin meterme a definiciones teóricas muy elaboradas y tomado sólo en cuenta la definición de la RAE, el clientelismo es, simplemente, la práctica política (que no la política pública) de obtención y mantenimiento del poder asegurándose fidelidades a cambio de favores y servicios. En esto nadie le ha ganado al actual Presidente.
En este gobierno no ha habido y ya no habrá una política social entendida como la ampliación de oportunidades para “ganarte la vida” y dejar atrás una “situación de dependencia” de las dádivas del gobierno en turno. Las dádivas, por más que alivien la pobreza momentáneamente no crean un piso mínimo para cambiar el futuro de las personas y romper el ciclo de pobreza intergeneracional.
Hay que decirlo sin ambages: el clientelismo establece una de las formas más extendidas de corrupción política que se da gracias al control de recursos que tiene el Ejecutivo y que usa con cada vez mayor discrecionalidad y opacidad.
La política clientelar de este gobierno, que está más que acreditada, fue pensada desde un inicio como una forma para que el Presidente apareciera como el Gran Benefactor y el partido de éste pudiera mantenerse en el poder. El Presidente ha dicho que el clientelismo se terminó, pero los datos dicen otra cosa. Dos pequeñas muestras.
Primera, Morena y los partidos de su coalición fueron los más multados y sancionados por el INE en los procesos electorales de 2021 debido al manejo de los recursos de campaña. Segunda, el gobierno federal gastó 25% más de lo autorizado en programas de subsidios a la población en el primer trimestre de 2022 (Excélsior, 10-05-2022). Esta cifra equivale a 54 mil millones adicionales y se gastaron justo antes de la consulta de revocación de mandato.
Los resultados de la mal llamada política social de este sexenio han aliviado algunas carencias y hacen más llevadera la situación de pobreza, pero sus consecuencias negativas son mayores a los beneficios. No sólo se retrasa la oportunidad de tener mejores oportunidades de vida que lleven al bienestar, sino que alteran la competencia electoral y, por tanto, la democracia.
