VICTORIA, TAM.- Esta semana, el país rompió un nuevo récord de horror, al superar la cifra de 100 mil desaparecidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO) que lleva la Secretaría de Gobernación y que da cuenta de personas no localizadas desde 1969 a la fecha, aunque el grueso de las denuncias datan del 2006 al 2022. Al corte del 20 de mayo, Tamaulipas ocupaba la segunda posición en reportes de personas desaparecidas con 11,988, lo que significa más del 10 por ciento de todas las denuncias en todo el país. Este conteo, instrumentado desde el 2018, permite dimensionar la crisis humanitaria que vive el país y el drama que sufren miles de familiares que buscan el rastro de sus seres queridos.
“El flagelo de las desapariciones es una tragedia humana de enormes proporciones”, dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michele Bachelet, quien apeló al derecho de las víctimas “a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antònio Guterres, también expresó su “profunda tristeza” por las más de 100 mil personas reconocidas oficialmente como desaparecidas en México.
Mediante un comunicado difundido por la oficina de Stéphane Dujarric, portavoz del Secretario General, Guterres manifestó su “su profunda solidaridad con los familiares de las víctimas que anhelan reencontrarse con sus seres queridos, buscarlos incansablemente y seguir luchando por la verdad, la justicia y las garantías de que esto no vuelva a suceder”.
EMPEZÓ CON LA GUERRA
Esta crisis histórica empezó a fraguarse a partir del 2006 cuando el gobierno de Felipe Calderón inició la llamada guerra contra el narcotráfico.
De los 11,988 desaparecidos en Tamaulipas que aparecen en el registro, el 88 por ciento, es decir 10,559 datan de ese año a la fecha.
Pero desde ese periodo la cifra no ha hecho sino crecer. En el sexenio de Calderón fueron 3,771 casos de personas no localizadas hasta la fecha; en el de Peña Nieto la cifra se incrementó a 4,982 y en lo que va de la administración de López Obrador la tendencia se ha reducido ligeramente con 1,806 del 2018 a este momento. Si se mide en sexenios estatales, el gran incremento se dio en la administración de Egidio Torre Cantú cuando se contabilizaron 5,050 personas no localizadas en Tamaulipas.
De los casi 12 mil desaparecidos, 2,740 son mujeres, lo que pone al estado también en el segundo lugar en ese rubro, pero por debajo del Estado de México, mientras que el primer lugar en desapariciones generales corresponde a Jalisco.
Esta circunstancia preocupa particularmente a la autoridad. México enfrenta una “gravísima” situación de violencia contra las mujeres que requiere una atención con visión de Estado, fuera del celo o pereza institucional, afirmó recientemente Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.
“Tenemos que frenar los problemas de violaciones a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Estamos enfrentando una gravísima situación de violencia contra las mujeres”, admitió. Encinas alertó que el fenómeno de la desaparición de mujeres está asociado a diversas causas, pero particularmente a la comisión de delitos como la trata de personas y la agresión sexual.
En un contexto de desapariciones y asesinatos de mujeres, el funcionario advirtió que una de cada cuatro personas desaparecidas en el País es mujer, la mayor parte de ellas menores de edad. “Aquí ya no cabe el celo o la pereza institucional (…) este fenómeno nos exige al Gobierno federal, a los gobiernos de los estados y los municipios, a las fiscalías general y las fiscalías de los estados y el Poder Judicial, trabajar de manera conjunta”, enfatizó.
FRONTERA, EL EPICENTRO
Los municipios fronterizos son los que tienen los índices más altos de desapariciones. Tan sólo Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo tienen 6,963 reportes, según el Registro Nacional de la Secretaría de Gobernación, con 2,316, 2,305 y 2,342 respectivamente.
Luego les siguen otros dos municipios importantes, Victoria y Tampico con 923 y 750. Un dato del RNPDNO sirve para entender la magnitud del drama: ni uno solo de los 43 municipios del estado está libre de desapariciones; salvo Antiguo Morelos donde solo hay un caso, en el resto hay por lo menos un par.
Las cifras de la frontera coinciden con el hecho de que ha sido en esa región donde se han encontrado los centros de exterminio más grandes, por ejemplo La Bartolina en Matamoros, o el hallado recientemente en Nuevo Laredo. Apenas esta semana, la Fiscalía General de la República inició un nuevo operativo de búsqueda en zonas donde podría haber cementerios clandestinos en el municipio de Reynosa, como parte de las diligencias de un joven desaparecido desde el 2014. En el operativo participaron integrantes del colectivo 10 de marzo, la Comisión Nacional de Búsqueda y otras instancias.
“Exigimos al Estado mexicano que atienda con urgencia, contundencia e integridad la grave crisis de desapariciones e identificación humana que vivimos en México, que debe ser comprendida como parte de una terrible crisis de violencia e inseguridad”, dijo en un comunicado la organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, al que pertenecen varios de los colectivos tamaulipecos.
La organización también exigió al Estado mexicano que “presente y ponga en marcha” una política pública de búsqueda de personas con vida, además de identificación, que implique medidas concretas resultado de trabajo colaborativo entre los gobiernos estatales y el Gobierno de México, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México recordó además que los organismos que lo integran han realizado “una ardua labor” para impulsar leyes y políticas públicas que garanticen la localización de personas desaparecidas, pero que constatan ante las cifras “que esto no ha sido suficiente”.
Asimismo, afirmó que, aunque el número oficial es alarmante, los casos son muchos más. “Además de la gravedad de esta cifra, colectivos de búsqueda denunciamos que esa cifra es poco precisa pues, con base en nuestra experiencia hay una importante y diversa cantidad de casos no considerados dentro del registro”, aseguró la fuente. Apenas el pasado 12 de abril, familiares de personas desaparecidas pidieron que el Estado mexicano atienda el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) y aplique las recomendaciones de manera rápida y convincente.
Ese mismo día, el CED publicó desde Ginebra su informe sobre la visita a México que llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021 – días en los cuales ocurrieron 112 desapariciones- la primera vez que este organismo acudió a investigar sobre el terreno.
POR STAFF EXPRESO-LA RAZON