TAMAULIPAS .- En un plazo no mayor a 60 días, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) asumirá el con trol de diferentes organismos que actualmente están en el organigrama del Gobierno Estatal. Con la aprobación del dictamen que reforma diversas leyes de Seguridad Pública, la FGJ tendrá bajo su mando la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas (UIFE), que actualmente opera como parte de la Secretaría de Finanzas.
También controlará el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, y el Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas. Esta modificación en la organización del gobierno estatal significa un cambio radical que da más atribuciones al Fiscalía General de Justicia, y se las resta al Poder Ejecutivo. El Fiscal, Irving Barrios Mojica, que permanecerá en su cargo hasta el 2027, a menos que en el Congreso se consiga una mayoría calificada (dos terceras partes de la votación) que lo pueda sustituir, será la cabeza de un robusto aparato que actualmente pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública y por ende, obedece órdenes del Gobierno del Estado.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública por ejemplo, es el responsable de operar los Centros de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, mejor conocidos como C4 y C5, éste último inaugurado recientemente en la ciudad de Reynosa, tras una inversión de 4 mil millones de pesos. Desde ahí, se operan más de 5 mil cámaras de vigilancia en todo el territorio estatal.
Del Secretariado también depende el funcionamiento del número de emergencias 911, que en laza a todas las corporaciones de auxilio. El dictamen de esta reforma estructural causó un duro enfrentamiento entre las bancadas del PANPRI y la de Morena, pero que finalmente fue aprobada con 19 votos a favor, incluido uno de la diputada “sin partido”, Nancy Ruiz, quien llegó a esa posición plurinominal por Morena.
El documento, votado durante la madrugada del viernes dice que “con la integración del Secretariado Ejecutivo a la Fiscalía General de Justicia del Estado, se reforzará la vigilancia en el adecuado desarrollo de las bases de datos y los re Nacional de Seguridad Pública, se impulsará la elaboración de estudios, estadísticas, investigaciones y análisis sobre seguridad pública, así como integrar la información sobre los padrones vehiculares, vehículos robados y recuperados que permita conocer el contexto y la capacidad institucional del estado en materia”.
En contraparte, los diputados de Morena advierten que esta iniciativa busca crear una “Super Fiscalía”, y sobre todo, restar margen de maniobra a la próxima administración estatal. El otro punto trascendente es la integración a la FGJ del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas, conocido como CAIET, porque de esa área depende directamente el Grupo de Operaciones Especiales, los famosos GOPES, que fueron creados como una división policiaca de élite para enfrentar a la delincuencia organizada.
Hasta este momento, este Grupo opera en la esfera de acción de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, como una versión especializada de la Policía Estatal, lo que cambiará de manera radical, pues ahora estará al servicio de la Fiscalía autónoma que dirige Irving Barrios.
Este asunto cobra mayor relevancia porque en más de una ocasión, el gobernador electo, Américo Villarreal, ha señalado su plan de convertir la Policía Estatal en una Guardia Estatal, lo cual hubiera implicado también cambios en la constitución de los GOPES. La otra nueva atribución de la FGJ será el manejo de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas, que actualmente está en el organigrama de la Secretaría de Finanzas, y tiene la tarea de investigar los delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita.
Está conformada por las áreas de Análisis, Fiscalización Estratégica y Ministerio Público Especializado en Delitos Fiscales, Financieros y Patrimoniales. En el 2020 cobró relevancia su investigación sobre el supuesto uso de empresas factureras entre el 2012 y el 2016 para desviar recursos públicos del Gobierno del Estado.
Más recientemente, emprendió indagatorias contra alcaldes morenistas, lo que desató fuertes críticas de integrantes de ese partido. Para que todas estas reformas empiecen a materializarse, se dio un plazo de sesenta días en los cuales deberá iniciar la transición de estas instituciones para que dejen el Gobierno del Estado y pasen a la estructura de la Fiscalía.
POR STAFF
EXPRESO-LA RAZÓN
