El trabajo encomendado a Santiago Nieto y su despacho de abogados por el gobernador electo, Américo Villarreal Anaya, se ha vuelto fundamental para pavimentar la transición y el inicio de la próxima administración para Tamaulipas.
Los dictámenes aprobados de última hora por la mayoría del PAN, sus aliados del PRI y la diputada Nancy Ruiz que se jura morenista y ha inclinado todas las votaciones importantes a favor de Acción Nacional, trastocaron la estructura del poder local.
Va un resumen: en un plazo no mayor a 60 días, la Fiscalía General de Justicia deberá asumir el control de tres organismos que actualmente están bajo la esfera del Ejecutivo Estatal.
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, por ejemplo, depende de la Secretaría de Finanzas y desde ahí se han impulsado las investigaciones relacionadas con corrupción más mediáticas en lo que va del sexenio.
Hace un par de años, por ejemplo, el caso de las factureras con las que se habría exprimido el erario estatal de la última administración priísta.
Y ya más recientemente los múltiples procesos iniciados contra políticos morenistas, lo que fue denunciado por la 4T como una persecución política.
A la UIFE local se suman el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, y el Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas.
Del primero dependen ni más ni menos los centros de control, conocidos como C4 y C5, donde se conecta la atención de todas las corporaciones de seguridad, y se monitorean las más de 5 mil cámaras de vigilancia que hay en el estado.
Del segundo se desprende la operación del polémico Grupo de Operaciones Especiales, cuya actividad pasaría de ser preventiva o de contención a hacer labores de investigación.
Otra novedad aprobada por el Congreso de Tamaulipas fue una especie de picaporte que también pondrán en manos de la Fiscalía General de Justicia para controlar el acceso de los proveedores a los contratos públicos.
Ahora, quien aspire a hacer negocios con el gobierno estatal o los ayuntamientos, deberá acceder a una carta de antecedentes de no corrupción, que será expedida ni más ni menos que por la Fiscalía Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General de Justicia.
Sin ese documento, ninguna empresa podrá recibir contratos de obra ni proveeduría de ningún tipo.
Los especialistas que orbitan en el equipo de transición de Américo Villarreal coinciden en que hay elementos suficientes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide la mayoría de estas reformas que en términos generales otorgan mayores poderes a Irving Barrios, y buscan achicar el margen de acción del nuevo mandatario.
Revertirlas será la tarea de Santiago Nieto y su equipo.
No será sencilla porque en el contexto político que vive el país hace falta algo más que tener la razón jurídica, pero para el futuro gobierno no hay más prioridad que derribar este primer escollo.
Por Miguel Domínguez Flores
