El logro jurídico más contundente que han conseguido hasta el momento la bancada de Morena y la administración entrante llegó por la vía menos pensada.
Cuando todas las miradas estaban puestas en el tratamiento que pudiera dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las impugnaciones interpuestas contra las reformas de última hora que se aprobaron en la clausura del periodo ordinario de sesiones, el Tribunal Electoral de Tamaulipas, que también tenía el asunto en sus manos, hizo suyo el tema y echó abajo una larga lista de asuntos trascendentales para el inicio del sexenio.
Acaso el más relevante sea el de las nuevas facultades que se habían concedido a la Fiscalía General de Justicia, pero también debe anotarse la reforma a la Ley de Aguas que prácticamente dejaba fuera a alcaldes y al gobernador de las decisiones importantes en las Comapas.
Para hacer lo que hizo, el Tribunal local recurrió a una jurisprudencia de la Sala Superior que señala que, aunque se trate de un asunto parlamentario del Congreso, al violarse los derechos políticos de un diputado, forma parte de su ámbito de competencia.
Ayer mismo, la bancada del PAN publicó un comunicado en el que acusó a los cuatro magistrados que votaron a favor del proyecto de invadir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “en un acto de servilismo judicial sin precedentes”.
Informaron, como era obvio, que recurrirán al Tribunal Federal para que revoque la decisión del Tribunal Local.
Y es verdad que en la Sala Superior cualquier cosa puede pasar, pero por lo pronto, los morenistas ganaron tiempo valioso para el próximo gobierno que inicia sus funciones en 31 días.
Hasta que los magistrados federales o la Suprema Corte se manifiesten sobre el tema queda sin efectos el rediseño de la Fiscalía General de Justicia, y la Diputación Permanente será controlada por Morena.
El desenlace de ayer forma parte de una historia que comenzó desde la instalación de la Legislatura 65, que seguramente no terminará pronto, y que tiene muchos protagonistas, algunos de ellos francamente impensados.
En el ámbito nacional, por ejemplo, Movimiento Ciudadano ha jugado un rol ambiguo en la correlación de fuerzas entre Morena y la alianza opositora.
Pero en Tamaulipas, Gustavo Cárdenas, el único diputado de ese partido en el Congreso, ha sido muy consistente en sus posiciones opuestas a Acción Nacional.
Sobra decirlo, pero su voto se ha vuelto fundamental para que la bancada de la Cuarta Transformación todavía pueda dar pelea en las discusiones importantes, y que mantenga viva la esperanza de enderezar el barco a partir del 1 de octubre.
En la madrugada de aquella sesión del 30 de junio, fue uno de los legisladores que más cuestionó la prórroga que autorizó la Presidenta de la Mesa Directiva, Imelda Sanmiguel, para que los trabajos continuaran más allá de lo pactado, ya entradas las primeras horas del 1 de julio.
Gustavo denunció que él no había firmado ningún acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que la sesión se prolongara, en el mismo sentido que Úrsula Salazar Mojica, la coordinadora de la bancada de Morena.
Es decir, dos de las bancadas del Congreso desconocieron el ahora famoso documento.
En su papel de integrantes de la Jucopo, presentaron en conjunto la impugnación ante el Tribunal. Más claro: por su representación, Movimiento Ciudadano se sumó a Morena para derrumbar muchas de las reformas que eran prioritarias para la bancada del PAN.
Por eso ayer el diputado Cárdenas festejó la decisión de los magistrados, con tanta o más euforia, que los representantes de la 4T.
Por Miguel Domínguez Flores
