TAMAULIPAS.- Por mayoría de votos de los Magistrados de la Sala Regional Monterrey, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPEJF), resolvió dar marcha atrás a la Diputación permanente encabezada por el panista Félix Fernando García Aguiar, pero consideró que los decretos aprobados en la última sesión ordinaria del 30 de junio, deben permanecer firmes.
Entre ellos, se encuentran la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, y del Secretariado Estatal de Seguridad Pública a la Fiscalía General de Justicia.
El Magistrado Ernesto Camacho Ochoa fue el encargado del proyecto relativo al juicio ciudadano SM-JDC-93/2022, interpuesto por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix Fernando García Aguiar y otros diputados, en contra de la resolución del Tribunal Electoral de Tamaulipas.
El Trieltam revocó la elección de la diputación permanente, aprobada en la última parte de la sesión del Congreso, efectuada el pasado 30 de junio y determinó que conforme a la norma específica, tras dos empates en la votación, la diputación debió haber quedado integrada con los diputados de la última Mesa Directiva.
El proyecto del Magistrado Camacho Ochoa consideró que el Trieltam sí estaba autorizado para asumir competencia formal, por tanto la determinación sí fue apegada a derecho.
Por lo que la Diputación Permanente debió haberse integrado por los diputados de Morena Marco Gallegos y Gabriela Regalado como Secretarios y la diputada panista Imelda Sanmiguel como presidenta.
Tras haber pedido licencia, debería formar parte el suplente de la Mesa Directiva, que en ese momento era Carlos Fernández Altamirano.
Respecto a la anulación de los decretos aprobados tras extender la sesión del 30 de junio, el Magistrado consideró que el Trieltam no estaba autorizado jurídicamente para analizar los actos jurídicos diferentes a este ámbito, cuya competencia es del derecho en general, por lo que dicha decisión debe quedar sin efectos.
Entre los decretos que fueron aprobados en la sesión del 30 de junio, se encuentran 179 cuentas públicas de ayuntamientos y órganos estatales, la reforma a la Ley de Aguas y la llamada “súper fiscalía”, donde a la Fiscalía del Estado se le adiciona el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y con ello el Centro de Evaluación (C3), además de a Unidad de Inteligencia Financiera.
El magistrado aclaró que el proyecto no se pronunciaba sobre la validez de dichas reformas, pues eso corresponde a otra instancia, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La propuesta fue aprobada por los magistrado Ernesto Camacho Ochoa y Claudia Valle Aguilasocho, mientras que la Magistrada Elena Ponce Aguilar votó en contra de la propuesta y propuso que el tribunal local vuelva a analizar la presunta obstaculización para ejercer el cargo y violencia política en razón de género.
Durante la sesión no presencial celebrada este martes 20 de septiembre, se resolvió desechar los juicios SM-JDC-94/2022 y SM-JRC-13/2022, promovidos por José Ángel Walle García y Félix Fernando García Aguiar contra el Trieltam al quedar sin materia.
Con el control de la diputación permanente hasta el 30 de septiembre, la bancada de Morena podrá convocar a sesiones extraordinarias para llevar al Pleno asuntos que se hayan dictaminado.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
