Las últimas balas disparadas por Acción Nacional para buscar la nulidad de la elección no surtieron efecto.
O al menos no consiguieron convencer al ministro encargado del proyecto, de proponer a sus compañeros que se eche abajo el triunfo de Américo Villarreal Anaya.
Sólo José Luis Vargas Valdez sabrá por qué abrió una ventana tan larga para que el PAN presentara las llamadas pruebas supervenientes hasta el 25 de septiembre, unas horas antes de que se publicara el documento en el sitio oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tanto tiempo le dio a los denunciantes -a pesar de que desde hace más de tres semanas la misma Sala ya había validado los resultados en todos los distritos que se habían impugnado- que alcanzaron a entrar en el expediente asuntos como la famosa columna fallida de Héctor de Mauleón sobre los cables de la Embajada de Estados Unidos, y una grabación de una supuesta conversación telefónica de la ex diputada Nohemí Estrella, que empezó a circular apenas este fin de semana.
El magistrado ponente analizó esos y otros 15 elementos que fueron presentados de forma extemporánea.
Tras valorarlos, Vargas Valdez sólo admitió siete porque se pudo comprobar que surgieron después de la fecha en que se presentó la demanda.
No dio validez alguna a la supuesta llamada de la ex diputada Estrella, porque el PAN no pudo comprobar que ésta se hubiera realizado después de que se presentara la impugnación ante el Tribunal.
Si algo debe reconocerse en el documento presentado por el magistrado es que hizo un análisis exhaustivo de todos los elementos planteados en la queja.
De la columna de El Universal, dice que no es probatoria de ningún hecho ilícito: “La nota de referencia no es apta para demostrar las afirmaciones y supuestos hechos a que refiere, en particular, de que existieron supuestas aportaciones del grupo de delincuencia organizada a alguna campaña en Tamaulipas, porque únicamente hace una relatoría de supuestos hechos que no coinciden con la temporalidad en que tuvieron verificativo las campañas electorales, además de que, tampoco permite inferir la manera en la que los supuestos recursos a los que refiere fueron aportados a la campaña o la ruta que siguieron para pudieran ser empleados en la aludida campaña”.
Si esa era la última bala que le quedaba a los impugnantes, evidentemente no causó el daño que esperaban.
El ponente desarma con mucha claridad ese recorte periodístico y muchos otros, ofrecidos como pruebas fehacientes en la denuncia orquestada por el experimentado abogado electoral Marco Antonio Baños.
Este documento que discutirán mañana los siete integrantes de la Sala Superior es demoledor con los argumentos del PAN para anular la elección.
El alegato planteado por César Verástegui está basado en tres asuntos fundamentales: una supuesta violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales, sobre todo en el municipio de Hidalgo; la supuesta vulneración a principios de neutralidad e imparcialidad por la intervención de servidores públicos federales, incluidos servidores de la nación, y la supuesta intervención del crimen organizado y la violencia generalizada.
Vargas Valdez aceptó la petición hecha por los panistas para que se entrara al fondo del análisis, y así lo hizo en su proyecto.
Al final, tras revisar decenas de documentos que supuestamente contenían elementos para la anulación, concluyó que no hay motivo alguno para echar abajo una elección en la que hubo casi 90 mil votos de diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar.
De la participación de servidores de la nación para influir el voto en las casillas, asegura que ésta no pudo comprobarse y que en caso de haberlo hecho, el número de supuestos funcionarios que habrían intervenido en la jornada electoral, fue tan bajo que no podría considerarse un hecho generalizado capaz de cambiar el sentido de los resultados en la entidad.
En ese capítulo del documento, sí reconoce dos irregularidades: la participación de Marcelo Ebrard y de la alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly García en eventos proselitistas. Pero una vez más asegura que de ninguna manera esas conductas sancionables serían suficientes para poner en entredicho los resultados.
Sobre la Columna Pedro J. Méndez y los hechos ocurridos en el municipio de Hidalgo asegura que ninguno de los videos, audios, y recortes entregados como pruebas, son suficientes para demostrar que esa agrupación presionó con el uso de la violencia a los votantes, y que en todo caso, no hay forma de generalizar a todo el estado lo ocurrido en esa región.
Lo mismo en el caso del supuesto financiamiento otorgado por Sergio Carmona: no halló pruebas en los reportajes y columnas enviadas al Tribunal.
En resumen, el magistrado Valdez Vargas hizo lo que pidió el PAN: estudió el fondo de los reclamos. La mala noticia para ellos es que por ningún lado aparecieron los elementos para suprimir la decisión que tomaron 730,864 ciudadanos en las urnas.
Por Miguel Domínguez Flores
