CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Además de las irregularidades detectadas en las diferentes Secretarías del Estado, el área jurídica del Gobierno revisa montos de las demandas laborales que se postergaron en pago de manera deliberada.
“Nos encontramos con una intensión deliberada de parte de las Juntas de Conciliación, de ir postergando la ejecución de los laudos hasta este momento, precisamente para no impactar las finanzas del Gobierno que se fue”, señaló de entrada la asesora jurídica, Tania Gisela Contreras López.
Explicó que la Secretaría de Administración revisa el tema con cada una de las Secretarías, para conocer el número de personas que demandaron al gobierno anterior, por despidos injustificados y el monto que la autoridad determinó debe ser pagado en favor de los ahora ex trabajadores.
“Se está haciendo una evaluación para determinar cuál es el monto, las fechas, pues encontramos una serie de resoluciones que están a punto de ejecutarse en los próximos días”.
Contreras López apuntó que se revisarán todos los casos de demandas de tipo laboral “para determinar la forma en que deberán liquidarse cada uno de estos laudos”, reiterando que en este momento sería difícil dar un monto aproximado.
“La Secretaría de Administración es lo que está haciendo, para hacer una estimación de impacto, que se consideraría en el próximo ejercicio presupuestal; se está haciendo el análisis pertinente y el Gobierno cumplirá con las obligaciones que le correspondan”.
Explicó que el retraso de pago de demandas laborales ya con fallo en favor de los trabajadores, para no impactar en las finanzas del anterior gobierno, no solo se encontró en esos caos, sino en el pago de proveedores.
“No solo en laudos, sino en proveedores, ya lo escucharon del propio gobernador; de alguna manera es evidente que se fuero retrasando los pagos hasta el 1 de octubre, quizá de forma injustificada y ahora se acumulan todas las obligaciones de proveedores, laudos y todo lo que tiene que ver con pagos”.
Señaló que el Gobierno del Estado hará frente a todos estos temas, “no es optativo, es una obligación, desgraciadamente de manera injustificada, que es la principal razón por la que se tendrán que pagar estos laudos, hubo despidos sin razón, injustificados y hoy se tiene que hacer esa erogación”.
La asesora de gobierno, comentó que la evaluación de cada caso, se hará de manera particular y en el caso de que los trabajadores despedidos quieran reintegrarse, lo puedan hacer.
“Cada uno de los asuntos se evalúa de manera particular, si es que el trabajador quisiera reintegrarse, si es su intención regresar a su espacio de trabajo o si desea su liquidación, es uno de los derechos del trabajador, negociar sus condiciones de trabajo”.
Contreras López precisó que cada uno de los casos corresponde a demandas que hicieron trabajadores de la administración que recién terminó y que a partir de este mes de octubre deben cubrirse los pagos.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
