Muy pronto le llegó al Poder Judicial de Tamaulipas otra prueba de fuego, luego del huracán que lo sacudió en las últimas semanas.
El caso Eugenio Hernández Flores se convirtió en un complejo laberinto jurídico instrumentado desde la administración cabecista, y operado por su brazo judicial.
Pero el caso es que ni Cabeza de Vaca ni Horacio Ortiz Renán tienen ya las posiciones que ocupaban, y en teoría los juzgadores deberían trabajar en un ambiente más ligero, sin las presiones políticas que incluso se evidenciaron en grabaciones y denuncias de diferentes tipos.
Por eso, cobra relevancia la determinación que tomará un Tribunal Colegiado respecto al último proceso local que se sigue contra el ex gobernador Hernández Flores.
La próxima semana, si nada extraño ocurre, los jueces Santiago Espinosa Camacho y Martha Patricia Rodríguez Salinas tendrán en sus manos la decisión de otorgarle el auto de libertad en el cuarto proceso que se le abrió en Tamaulipas, éste por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Todo apunta a que así debe ser porque como en las otras tres causas, la justicia federal determinó que haberlo privado de su libertad por una indagatoria idéntica a la primera -que ya había superado- fue una actuación “indebida, arbitraria e ilegal”.
Con este antecedente, enésima corrección de plana a los jueces locales, queda claro que la legalidad apunta al desechamiento de la cuarta y última causa generada desde la Fiscalía local y validada en automático por este cuestionadísimo Poder Judicial.
Hagamos un poco de memoria para contextualizar en qué momento llega este punto álgido en la batalla legal de Eugenio Hernández Flores para salir de prisión.
Una semana antes de tomar posesión, el ahora gobernador Américo Villarreal Anaya denunció que un juez de control había sido traído a Victoria expresamente para liberar órdenes de aprehensión contra familiares y colaboradores suyos.
Rápidamente la Fiscalía y el Ejecutivo salieron a negar la acusación, pero lo cierto es que las órdenes ya estaban listas y el madruguete de Américo derrumbó el último plan, el más desesperado, para complicar su toma de posesión.
Unos días después, el portal de noticias Hoy Tamaulipas publicó una grabación de audio en la que se escuchaba a un funcionario del Supremo Tribunal de Justicia presionar a una jueza para liberar una orden de aprehensión contra el ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas.
Después, ya sentado en la silla de gobernador, Américo Villarreal Anaya determinó no ratificar a Horacio Ortiz Renán como magistrado. Para ello emitió un dictamen en el que detalló la manera en la que el ex presidente del Tribunal habría utilizado su posición para perseguir a adversarios políticos como el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás y el ex Secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez.
Ahora, el futuro jurídico de un ex gobernador está en manos de dos jueces cuya labor ya fue cuestionada -y corregida- por la justicia federal.
Santiago Espinosa Camacho y Martha Patricia Rodríguez Salinas seguramente saben que la realidad política del estado es otra, y que su actuación está bajo la lupa de una sociedad que tampoco es la misma de hace unos años, cuando iniciaron los procesos contra Eugenio Hernández Flores.
Es verdad que el ex gobernador todavía tiene que afrontar la solicitud de extradición autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en marzo del 2018, pero si el Tribunal Colegiado que analizará su caso la próxima semana determina su libertad, habrá librado ya todos los procesos legales -cuatro, uno tras otro- que se iniciaron en su contra desde la administración cabecista.
Por Miguel Domínguez Flores
