TAMAULIPAS.- El llamado que hizo ayer el gobernador Américo Villarreal Anaya al Poder Judicial está anclado en una realidad imposible de ocultar: durante los últimos años, el aparato tamaulipeco de justicia se utilizó, sin el menor recato, como un arma para el combate político.
Algunos casos muy recientes lo demuestran.
1) El 5 de mayo de este año, en uno de los momentos más álgidos de la campaña por la gubernatura, un hombre armado se montó en guardia afuera de la Presidencia Municipal, en espera de que apareciera el alcalde, Eduardo Gattás.
Los elementos de seguridad del inmueble cumplieron con su trabajo al abordarlo para pedirle que se identificara. Negó portar armas y aseguró ser un estudiante de la Universidad, que iba a “hacer un trabajo para la escuela”.
Cuando los oficiales le encontraron la pistola, no le quedó más que reconocer que en realidad era un policía ministerial, aunque tampoco se identificó de inmediato.
Estos hechos fueron suficientes para que el juez de control ordenara su separación del cargo de Secretario del Ayuntamiento, como presunto responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad y obstrucción de la justicia.
Un auténtico despropósito por donde se le vea.
2) Tras varias semanas de intensos enfrentamientos legislativos, el 29 de agosto el Tribunal Electoral de Tamaulipas determinó que la Diputación Permanente del Congreso debía conformarse por los integrantes de la última Mesa Directiva, es decir, tendría mayoría de Morena.
Además, echó abajo las polémicas determinaciones votadas en el Pleno, durante la sesión que concluyó aquella madrugada del 1 de julio.
Todavía no concluía la administración cabecista; la bancada del PAN, envalentonada, desacató la decisión de los magistrados electorales.
Pero faltaba un último impulso que llegó desde el Poder Judicial: el Magistrado Instructor Jorge Durham Infante concedió una suspensión a la determinación del TRIELTAM, solicitada por un par de integrantes del Ayuntamiento de Mante.
La curiosa solicitud de dichos personajes y la afanosa intervención de Durham derivó en una denuncia de juicio electoral contra el Poder Judicial por «interferir en la ejecución de sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas”.
3) En el mes de septiembre -a días del cambio de poderes- se hizo pública una grabación harto elocuente sobre lo que ocurría en ese momento (¿ocurre ahora?) al interior del Poder Judicial.
En el audio se escucha la manera en la que un funcionario judicial enviado por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia presiona a una jueza para que vaya contra su propia resolución, se desdiga de lo que ya había determinado, y libere una orden de aprehensión contra el ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas.
Apenas unos días antes, el ahora gobernador Américo Villarreal Anaya había desactivado el último intento del Poder Judicial por afectar su llegada al poder.
En una inusual conferencia de prensa convocada de manera urgente, denunció con nombre y apellido que el juez de control José Miguel Moreno Castillo -el mismo que aún hoy evita que Hugo Reséndez se reincorpore al Ayuntamiento- estaba por liberar una larga lista de órdenes de aprehensión contra colaboradores, familiares y quizás contra él.
Eran días que transcurrían entre la tensión y el delirio.
La pregunta que puso ayer el gobernador sobre la mesa con su mensaje a los magistrados es clara: ¿Cuántos de los que, por temor o entusiasmo, torcieron la ley desde las instituciones, están dispuestos a seguirlo haciendo ahora que los tiempos políticos son otros?
Y el cuestionamiento va mucho más allá del Poder Judicial.
