TAMAULIPAS.- La administración panista que se fue, dejó un legado de corrupción y de corruptos, que se ve compleja la tarea de combatirla sólo desde los espacios de la Justicia. En una semana, se exhibió ese pervertido tejido, en varias ocasiones y de varios modos.
En primer término, la diputada Myrna Flores Cantú, que negó -a pesar de existir pruebas documentales- haber propuesto para Notario Público a un ciudadano reynosense-; en segundo, las declaraciones de la ex alcaldesa panista Magdalena Peraza Guerra, para solicitar al gobernador Américo Villarreal Anaya, “cesar la persecución política” -como si el PAN en el gobierno, hubiera actuado con legalidad y justicia- porque la etapa partidista terminó y el más ominoso para el panismo: fue detenido un funcionario de la Comapa de Matamoros, Tamaulipas con estupefacientes y -se especula- 100 mil dólares en efectivo cuando intentaba pasar a Brownsville, Texas.
¿Qué reflejan esas actitudes y esas acciones de los panistas que siguen enquistados en la administración estatal?
Una sola circunstancia: que la lucha de la IV T contra la corrupción debe estar en el centro de gravedad de su proyecto de gobierno. Centenares de servidores públicos -azules, tricolores y guindos- carcomen con sus actividades el sagrado tesoro público.
La enseñanza de AMLO para todos es ejemplar: atando las manos a quienes se pueden convertir en atracadores, y castigando a quienes se transformen en ladrones, los presupuestos se alargan, se ensanchan.
El Peje, no sólo utilizó la lucha contra la corrupción; también, fue su instrumento para llevar recursos a los programas sociales. No paró ahí: desacralizó a los rateros, los anatemizó y los puso en la picota para desalentar pensamientos negativos a sus colaboradores.
La estrategia de señalar a los pícaros, es más que necesaria en Tamaulipas. El afán de volver santos a los atracadores de los bienes públicos, tiene su mayor expresión en la capital del estado; las élites -y sus comparsas- han emprendido una campaña propagandística para canonizar al ex gobernador, Eugenio Hernández Flores; independientemente que haya sido un perseguido político del panismo, nadie en su sano juicio puede explicar los miles de millones de pesos que posee en sus cuentas bancarias en México y el extranjero. (Incluyendo, sus imponentes hoteles y demás negocios en el noreste del país).
Más que sancionar con la Ley, hay que trazar el camino para dar un vuelco en la fácil concepción de las élites: robar es un delito menor, que se paga sólo con sanciones morales; y para eso, ellos tienen la respuesta: la santificación de aquellos bandidos -y bandidas- que forman parte de grupo sociales de privilegio.
Los tironeos entre las fuerzas políticas que se fueron y las que llegaron, se están intensificando. Ya el Fiscal, se amparó para evitar su remoción. No es de dudarse: un Poder judicial al servicio del panismo, facilitaría a sus correligionarios una amigable salida de sus problemas, sin castigo.
¿Alcanzará el aparato de justicia actual, para satisfacer a miles de tamaulipecos que esperan castigo legal contra tanto funcionario que les robó su dinero y su futuro?
(Hasta el 2040, se terminará de pagar la deuda contraída por los prianistas).
Un dato: antes de lanzar su campaña contra los corruptos, AMLO, reformó la Constitución para convertir en grave, el delito de peculado, y evitar escapes fáciles a la delincuencia de cuello blanco.
Es sabido: cada quien, tiene su estilo de matar las pulgas.
La exposición ante la opinión pública de los actores panistas que salieron más ladrones que bonitos, es válida.
Lo que no sería valedero, es que se generan grandes expectativas con grandilocuentes anuncios de combate a la corrupción, y luego se den a conocer resultados tan pequeños como cuestionables.
