El descuido o el exceso de confianza de algún exfuncionario ayudó a evidenciar algo que en realidad era un secreto a veces: la entrega de fiats y patentes de aspirantes a notarios, como parte de un esquema discrecional de premios y recompensas políticas.
A alguien le pareció buena idea, acaso por la normalización del tráfico de influencias en la anterior administración, estampar en los expedientes de los nuevos notarios el nombre del padrino que gestionó su incorporación.
Gracias a eso, ya sabíamos por ejemplo que la diputada local panista, Myrna Flores, había patrocinado las aspiraciones del notario Alfredo Treviño Salinas.
Pero otros tres nombres surgieron recientemente en las investigaciones del Ejecutivo.
La ex Secretaria de Bienestar, Yahleel Abdala, habría “recomendado” a Luis Eduardo Lara Enriquez, para fungir como notario en Nuevo Laredo.
No es el primer señalamiento que surge contra la ex dirigente del PRI, conversa al panismo en la segunda mitad del sexenio cabecista.
La Auditoría Superior de la Federación reveló el mal uso que hizo tanto la Secretaría de Bienestar como la de Obras Públicas, de los recursos federales provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, que debe destinarse para generar infraestructura en las poblaciones más pobres del país.
El problema fue que en Tamaulipas se entregaron cuatro contratos por un total de 10 millones 681 mil pesos para obras realizadas en Xicoténcatl y Ocampo, en sectores despoblados, por lo que todavía no están funcionando.
Otra militante panista que movió sus influencias para gestionar al menos una notaría fue la diputada federal, Rosa María González Azcárraga, más famosa por su talacha electoral durante la pasada campaña, que por su labor legislativa.
La tampiqueña habría palomeado el expediente de Jorge Arturo Corona Álvarez, a quien ya le retiraron la patente de aspirante, que le fue otorgada hace apenas unas semanas, en el ocaso del anterior sexenio.
El otro notario que mordió el polvo fue Arturo Medina Fregoso, ex Secretario del Ayuntamiento de Tampico durante el fallido trienio de Oscar Pérez Inguanzo.
Al ex funcionario priísta lo impulsó la “gestión” (así dice el expediente) del empresario Jorge Federico Rivera Schote, ex titular de la Comapa zona conurbada.
Poco a poco se irán publicando los acuerdos para echar abajo los fíats y las patentes entregadas a contrarreloj.
Porque el alegato jurídico del Ejecutivo es claro y parece sólido: en la mayoría de los casos no hay siquiera documentación que acredite que cumplieron con los exámenes; otros ni se preocuparon por pagar la cuota establecida en la ley.
Y a la par de los acuerdos revocatorios también conoceremos más nombres de ex funcionarios y políticos cercanos al anterior régimen que utilizaron sus influencias para regalar notarías.
Jubilación dorada en el PJ
Entre los muchos asuntos financieros que están siendo revisados con lupa en el Poder Judicial, se encuentra el caso de un magistrado a quien le regalaron un espacio en el Supremo Tribunal de Justicia por cuatro años, justo a tiempo para que se retirara a los 75 años con una jubilación envidiable.
Por Miguel Domínguez Flores
