No obstante la cacareada cantaleta de que “al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie”, y de la airada defensa del estado de derecho a la que a menudo recurren para tratar de aparentar que son respetuosos del orden legal, la realidad es que en los hechos muchos de los defensores de la legalidad en México pisotean constantemente las disposiciones jurídicas.
Y no solamente de los preceptos menores, sino de la propia constitución, ley suprema de la República.
He aquí algunos ejemplos.
La fracción primera del artículo 127 de la carta magna establece que “Ningún servidor público podrá recibir remuneración…por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.
Sin embargo, como esa disposición afecta sus ingresos, entonces no les importa eludir la obligación constitucional. En estos momentos al menos once servidores públicos ganan más que el presidente López Obrador, cuyo sueldo es de 136 mil 700 pesos mensuales:
El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal, Reyes Rodrígue gana 286 mil 500 pesos; la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, 248 mil 500 pesos; el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, 146 mil 600; el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 240 mil 500; la presidente de la COFECE, Brenda Hernández, 206 mil 400; el presidente del IFETEL, Javier Mojica, 197 mil 700; la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra, 151 mil 300; la presidenta del INEGI, Graciela Márquez, 149,700; el magistrado presidente del Tribunal de Justicia administrativa, Rafael Anzures, 141 mil 100; los consejeros de la judicatura federal, 286 mil 600 y los ministros de la suprema corte de justicia, 284 mil 500.
Para eludir la prohibición, la gobernadora de Banxico, el presidente del INE, de COFECE, IFT y el INEGI, recurrieron a un amparo constitucional, que, en el caso de los funcionarios judiciales, además, son juez y parte, dado que son ellos mismos los que se autoasignaron la inmunidad legal, cuando son los principales obligados de respetarla.
Antes del 2022, cinco gobernadores, cuatro de ellos del PAN y uno del PRI, también ganaban más que el presidente: Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, Francisco Domínguez Servín, de Querétaro, Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato, Alejandro Tello, de Zacatecas y Martín Orozco Salazar, de Aguascalientes.
¿Por qué los representantes del PAN, el PRI y el PRD, igual que los empresarios de la Coparmex, los del clan de los Claudios X. González, los de las organizaciones sociales, que tanto les preocupa, como dicen, el respeto a la legalidad y al estado de derecho no organizan marchas ni protestas para obligar a que se cumplan las exigencias jurídicas en materia de sueldos y percepciones?
Elemental mi querido Watson, porque no les importa que se respete o viole la ley, solo alzan la voz o recurren a movilizaciones multitudinarias cuando los ordenamientos legales o los actos del gobierno afectan sus poderosos intereses políticos y económicos, cuando no es así guardan silencio.
Para cerrar, finalmente el senado convocó a la elección extraordinaria del escaño senatorial que dejó vacante la muerte de Faustino Vargas, la votación tendrá lugar el 19 de febrero y el nuevo legislador podrá ser hombre o mujer.
POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ
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