CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al concluir el plazo de 60 días para la revisión de las dependencias gubernamentales por el proceso de entrega-recepción, son más de 90 los hallazgos de conductas administrativas, integrando alrededor de 40 carpetas de investigación, de las cuales tres están en proceso de judicializarse.
La Contralora gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo, dijo que la dependencia a su cargo en coordinación con la Consejería Jurídica, trabajan para determinar cuáles conductas podrían ser origen de una denuncia penal.
“En base a las facultades de la Contraloría, es documentar conductas de presunta irregularidad administrativa, pero, en trabajo con la Consejería Jurídica, se están integrando carpetas para el tema de delitos o denuncias penales”.
Dijo que hasta ahora son dos las carpetas de investigación que la Consejería Jurídica ha determinado que se puede iniciar una denuncia penal, “están en el área de Salud, Administración y en el área de Contraloría”, aseguró que en el tema de delitos penales las denuncias serán presentados por la Consejería Jurídica.
Las denuncias dijo, será presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, por lo que confía que esa autoridad realice lo pertinente para iniciar las investigaciones respectivas y se proceda en contra de quien resulte responsable.
Entre las irregularidades detectadas en las revisiones, anotó la celebración de contratos sin que se encuentren los entregables, “en este proceso de 60 días se convocó a más de 60 funcionarios para hacer las aclaraciones, sólo acudieron alrededor de diez”.
Sólo asistieron algunos subsecretarios y directores de área, y en el nivel de secretarios, dijo sólo acudió una ocasión la anterior Contralora, quien dijo que las inconsistencias las respondería por oficio, mismo que ya fue integrado a carpetas de investigación que se siguen.
Recordó que la Contraloría sólo sanciona las conductas administrativas consideradas como no graves, por lo que considera amonestaciones privadas, públicas, destituciones, sanciones económicas y hasta la inhabilitación que puede ser hasta por 10 años.
“Hay conductas administrativas consideradas como no graves que nosotros iniciamos y concluimos, pero cuando ya se tipifica una conducta administrativa como grave, se tiene que turnar al tribunal de justicia administrativa”.
De acuerdo con la ley de Responsabilidades, una denuncia se turna a la autoridad investigadora que integra los elementos de la carpeta de investigación, hasta llegar a una conclusión.
“Si se confirma como presunta responsabilidad, se integra un expediente llamado informe de presunta responsabilidad y ese tiene que pasar a la autoridad sustanciadora”.
Pedraza Melo sostuvo que se continúa revisando las dependencias lo que fue recibido de la anterior administración, por lo que se apoyarán de despachos externos para avanzar en este trabajo.
“El compromiso es que este mismo mes y a más tardar en enero, los delitos que se integren para el tema penal se van a estar presentando ante la autoridad correspondiente”.
Por Perla Reséndez
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— Expreso (@ExpresoPress) October 17, 2022