Hay un gran obstáculo entre los expedientes generados por el Gobierno del Estado contra los ex funcionarios que causaron un quebranto al erario, y la judicialización de estos casos: la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, o más claro, el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda.
Por la naturaleza de los delitos que se imputan, todos basados en el mal uso de recursos públicos durante la administración anterior, la ley indica que debe ser ese organismo autónomo el que les dé trámite, integre las carpetas y las lleve ante un juez.
El problema obvio es que esto difícilmente ocurrirá mientras el Fiscal se aferre a su posición, a pesar de haber incumplido con los exámenes de control y confianza.
Su estrategia jurídica y política es muy clara.
Recurrió a la solicitud de un amparo, lo que le permitió acceder a una suspensión provisional para evitar ser destituido.
El juzgado federal Séptimo de Distrito del Estado de Tamaulipas con sede en Reynosa, otorgó la suspensión pero solo para ese efecto, es decir, el procedimiento en su contra puede continuar en el Congreso de Tamaulipas, hasta el momento en que deba ser cesado.
En ese punto, el trámite tendría que detenerse hasta que se otorgue o se rechace el amparo de manera definitiva.
El juez también ordenó que se evite cualquier pronunciamiento público por parte de las autoridades involucradas, pues el Fiscal alegó que se estaba dañando su imagen pública.
Este laberinto jurídico se ha vuelto más complejo -aquí viene la parte política- porque el Congreso de Tamaulipas no ha cumplido con los requerimientos de información solicitados por el Juzgado para seguir adelante con el juicio de amparo.
La dilación en las respuestas del Legislativo se debe a que el órgano solicitado por el juez es la Junta de Coordinación Política, todavía bajo control panista.
Es decir, así como la bancada de Acción Nacional intentó a toda costa mantener el blindaje a la Comapa de la Zona Conurbada y sostener las facultades de la Súper Fiscalía, también están dispuestos a inmolarse para que siga en su cargo el Fiscal Anticorrupción traído a Tamaulipas por Francisco García Cabeza de Vaca.
Al ser instalada la Diputación Permanente que ya tuvo su primer éxito con la reforma que devolvió al Ejecutivo el control del C4 y C5, su presidente solicitó información a la Fiscalía General de Justicia sobre el procedimiento contra el Fiscal anticorrupción.
La intención, se sabe, es acelerar el proceso y llevarlo hasta donde permita la suspensión otorgada a Ramírez Castañeda.
Un elemento juega a favor de Morena y del Gobierno del Estado: tarde o temprano, a pesar de la resistencia de la bancada panista, los tiempos de la justicia permitirán que el Fiscal sea removido y así, se desactive la protección que éste pueda procurar para los ex funcionarios que violaron la ley y se enriquecieron en el pasado.
Por Miguel Domínguez Flores
