Dos años después de la masacre ocurrida en Camargo, la justicia no llega para los familiares de las víctimas originarias de Guatemala.
El caso, que impactó a la comunidad internacional y que hizo recordar otras tragedias relacionadas con migrantes como las de San Fernando, se destapó el 22 de enero, pero se gestó desde varios días antes. Entre Comitancillo, Guatemala, y Tapachula, Chiapas, hay 104 kilómetros de distancia.
Esa fue la primera ruta que recorrieron las 17 víctimas. De ahí, siguieron su camino por más de 1,900 kilómetros hasta llegar al ejido Santa Anita, a unos minutos de la frontera con Estados Unidos, donde finalmente el sueño americano se convirtió en pesadilla.
El 22 de enero del 2021 fueron localizados los cuerpos de 19 personas, en una brecha, cerca de los límites con Nuevo León, 15 fueron encontrados en la caja de una camioneta, con 113 impactos de bala.
Dos cuerpos más estaban en la cabina de la unidad y otros dos cerca de la puerta del piloto y copiloto, todos presentaban impactos de bala y fueron calcinados, para tratar de borrar el crimen.
No lo consiguieron, porque poco el 12 de febrero de ese 2021, fueron detenidos 12 policías estatales, 11 hombres y una mujer, por su probable participación en el homicidio de las 19 personas en la brecha en Camargo.
Los responsables fueron elementos pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Secretaría de seguridad Pública.
Pero a un año de aquellos hechos, la justicia no ha llegado para ninguna de las familias de las víctimas, que tampoco han recibido el apoyo que se les ofreció cuando la noticia causó conmoción internacional. Los policías involucrados en los hechos y vinculados a proceso son Mayra Elizabeth “V”, Jorge Alfredo “C”, Williams “F”, Édgar Manuel “A”, Horacio “R”, Carlos “R”, Jorge “C”, José Luis “L”, Héctor Javier “A”, Christian Eduardo “G”, Ismael “V” y Horacio “Q”.
A la fecha no hay ninguna sentencia, porque las audiencias se han difiriendo a petición de los abogados defensores.
Todos confesaron participar en el homicidio, pero del intento por desaparecer los cuerpos culpan a un grupo delictivo.
La Fiscalía del Estado acusa a los elementos de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad, según consta en la carpeta (23/2021).
De acuerdo al relato oficial, los policías persiguieron y dispararon contra las 19 personas (16 guatemaltecos, un salvadoreño) y dos mexicanos (polleros), que buscaban llegar a Estados Unidos. Luego prendieron fuego a las dos camionetas en que se trasladaban, una Chevrolet Silverado y otra Toyota Sequoya, además recogiendo del lugar la mayoría de los casquillos que dispararon, tratando de borrar evidencia de su participación en estos hechos. Un día después, el coyote encargado de llevar al grupo a los Estados Unidos, llamó a las familias a Guatemala para informar lo que había ocurrido.
A partir de entonces se destapó el horror de una nueva tragedia sufrida por migrantes en Tamaulipas. Hace un año, la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes de Guatemala informó que detuvo a diez personas relacionadas con una banda dedicada al tráfico de migrantes, vinculada a la masacre ocurrida en Camargo, Tamaulipas.
Stuardo Campo, titular de la Fiscalía, explicó que se detuvo a nueve hombres y una mujer, quienes cobraban a cada migrante entre 95 mil y 120 quetzales (12 mil y 15 mil dólares), para llevarlos a Estados Unidos.
La banda denominada “Los Corona-Miranda”, era liderada por el ex alcalde de Comitancillo, Ramiro Coronado Pérez y tres abogados, identificando a una jueza de primera instancia penal de San Marcos, Blanca Elizabeth González, de proteger a los delincuentes.
Luego de 19 allanamientos en el departamento de San Marcos, como parte de las investigaciones, se decomisaron alrededor de un millón de quetzales (125 mil dólares).
El fiscal señaló que en la estructura participaron por lo menos los 10 detenidos y el ex alcalde usó sus propios vehículos para trasladar a los guatemaltecos a través de la frontera con Chiapas.
Se sospecha que la intervención de esta estructura no se limitaba en el traslado por territorio guatemalteco y su llegada a la frontera con México, sino que alguien de la estructura continuaba guiando a los migrantes por territorio mexicano hasta ingresar a EE. UU.
Uno de los indicios que refuerza esta teoría del MP, es la muerte de Adán Coronado Marroquín, hijo de David y sobrino del ex edil.
Él murió con el grupo de guatemaltecos masacrados en México el 22 de enero del año pasado. A esta lista de detenidos por planear el traslado de los migrantes, se suman los 12 policías estatales, que se encuentran detenidos, pero aún sin una sentencia firme.
Por Staff