“Allí, donde el mando es codiciado y disputado, no puede haber buen gobierno ni reinará la concordia”, Platón
En los últimos días ha generado polémica el juicio político iniciado en contra del Gobernador de Nuevo León, Samuel García al no haber presentado en tiempo el Presupuesto 2023 y no publicar Decretos que fueron aprobados por la legislatura estatal, lo cual se convierte en otro capítulo en el que se ve enfrascada esa disputa entre el Poder Legislativo y Ejecutivo de esa entidad; solo recordar que en los meses recientes, en la designación del Fiscal, se trató que lo fuera su anterior contrincante a la gubernatura Adrián de la Garza, lo cual terminó siendo vetado por el Gobernador.
Debe señalarse, que la figura del Juicio Político se encuentra regulada tanto en la Constitución de Nuevo León y en la reciente Ley de Juicio Político de esa entidad, siendo que en dicha Ley, se contempla que es la Comisión Anticorrupción del Congreso a la que le toca la substanciación de este tipo de procedimientos, los cuales son procedentes cuando por actos u omisiones de los servidores públicos especificados en la Constitución Estatal, dañen gravemente los intereses públicos fundamentales.
Ahora bien, esa Comisión, primeramente había programado audiencia dentro de ese expediente 16283 LXXVI, sin embargo, el Gobernador neolonés solicitó su diferimiento al referir que se encontraría en gira de trabajo en el extranjero y compareció posteriormente por escrito. Cabe señalar, que diversas diputadas del partido Movimiento Ciudadano solicitaron la caducidad del Juicio Político al señalar que la Comisión Anticorrupción inicio el proceso fuera del plazo establecido, de conformidad con lo establecido por la ley secundaria.
Ante estas acciones, el Gobernador ha acudido a diversas vías legales para su defensa, una de ellas fue por medio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, en donde se admitió por parte de la Segunda Sala Ordinaria el Juicio de Nulidad 286/2023; por su parte, en la vía constitucional, acudió a un Juzgado de Distrito en Tamaulipas, a solicitar el amparo y la suspensión del acto que reclama, tocando conocer al Juzgado Octavo de Distrito y, conforme a la información pública se desprende que por acuerdo de fecha 10 de febrero en el incidente de suspensión 407/2023 se concede la suspensión, señalando: “…el efecto de que, sin paralizar el procedimiento instaurado en su contra, las autoridades encargadas de su instrucción, se abstengan del dictado de la resolución que ponga fin al mismo, es decir, que el Congreso del Estado de***** y la Comisión Anticorrupción se abstengan de emitir el dictamen definitivo para que sea puesto a votación del Pleno hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, lo cual implica a su vez que no sea citado a comparecer a la fecha programada para ello, o bien, no se verifique ante su incomparecencia”. Por su parte, en la admisión del juicio de amparo, se concedió la suspensión de plano, a efecto de: “se concede a ****************** la suspensión de plano del acto reclamado, para que cese y se abstengan las autoridades responsables de la tortura psicológica de la que refiere es objeto y que no se ejecute en su contra deportación alguna”.
Como consecuencia, diversos legisladores de Nuevo León han manifestado su inconformidad con las decisiones jurisdiccionales, siendo que el día de ayer presentaron juicio político en contra de Norma Leticia Platas, magistrada de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad; asimismo ese día se aprobó un exhorto a la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal la Ministra Norma Lucia Piña a efecto de que se investigue las actuaciones del expediente del juicio de amparo señalado en el párrafo anterior.
El panorama para los regiomontanos no es nada favorable, la disputa directa del poder entre el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo en el Estado de Nuevo León, solo conlleva a una ingobernabilidad, de la cual se advierte que los legisladores de esa entidad se encuentran activando mecanismos de control constitucional para presionar políticamente al Gobernador Samuel “G”; una cosa es la división de poderes, lo cual es sano y controla el exceso de poder, y otra la pelea entre ellos, ante estos escenarios, solo existe un afectado directo: la sociedad neolonés.
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Por Arnoldo Huerta Rincón
Twitter: @arnhuerta
