La muerte de 40 personas en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, es un funesto recordatorio de la gravísima crisis humanitaria que vive el país desde hace al menos cinco años por las constantes oleadas de extranjeros que arriban a México desde diferentes regiones del mundo.
Pero nadie debería confundirse: detrás de lo que ocurrió ayer -una tragedia por donde se le mire- hay responsables que deberán responder por lo que parece una negligencia criminal.
El video que circuló ayer no deja lugar a dudas.
Los migrantes se encontraban encerrados bajo llave en una celda.
Cuando el fuego comenzó -al parecer iniciado por ellos mismos- los guardias, elementos del Instituto Nacional de Migración, no atinaron a responder a la emergencia.
Lo primero que denota su actuación es que no tenían la preparación ni protocolos para afrontar una situación de este tipo, pero además, no tuvieron el sentido común, un gesto mínimo de humanidad, para abrir la reja, lo que hubiera permitido salvar decenas de vidas.
El asunto, claro, no debería terminar ahí.
Detrás de la evidente negligencia hay una cadena de omisiones que deben rastrearse de principio a fin.
Quizás por eso fue tan chocante escuchar ayer al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, deslindarse del asunto para endilgárselo al Canciller, Marcelo Ebrard, como si se tratara de una gracia más enmarcada en el contexto de la lucha interna de las corcholatas.
La estructura completa del Instituto Nacional de Migración debería entrar a análisis, y la titubeante estrategia de contención de las oleadas migratorias tiene que replantearse de una vez por todas.
Ser el patio trasero de Estados Unidos no solo es indigno, también es peligroso.
Lo más dramático del caso es que la tragedia de Ciudad Juárez no es la primera relacionada con migrantes que sacude al país.
En Tamaulipas, tristemente, hay muchas historias para contar.
Como las de San Fernando donde fueron masacrados 72 migrantes entre el 22 y el 23 de agosto del 2010.
Un año después, en ese mismo municipio se hallaron más de 40 fosas clandestinas en las que yacían 195 cuerpos humanos, la mayoría de migrantes centroamericanos, cuyas familias aún hoy luchan por la reparación del daño.
Sucesos igual de dolorosos que la matanza de 19 personas, 17 de ellos migrantes guatemaltecos, en el ejido Santa Anita, en Camargo.
El agravante de este crimen es que fue perpetrado directamente por elementos del extinto Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes después de acribillar a sus víctimas, les prendieron fuego intentando borrar las evidencias del ataque.
Por esos hechos, además de los policías directamente implicados, ningún mando de la corporación fue denunciado.
La 4T que gobierna con la bandera del humanismo, tiene una buena oportunidad para sentar un precedente y hacerle justicia a las víctimas del incendio de Ciudad Juárez.
Que pague quien tenga que pagar.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
