VICTORIA, TAM.- Anomalías en contratos, simulación de apoyos, falta de bienes, fueron parte de los hallazgos en el proceso de entrega-recepción, mismos que derivaron en denuncias que las autoridades ya están revisando, informó el Secretario de Desarrollo Rural, Dámaso Anaya Alvarado.
En su comparecencia ante diputados del Congreso de Tamaulipas, el funcionario explicó que se revisaron 45 contratos bajo el concepto de adquisición de bienes y/o prestación de servicios que se celebraron bajo la modalidad de adjudicación directa.
En los mismos se encontraron anomalías por un monto de 240 millones 571 mil 108 pesos, por lo que se dio parte a las autoridades para que se actúe conforme a la ley, informó.
Explicó que en la pasada administración se celebró un convenio entre la Federación y el Estado, denominado “Desarrollo rural sustentable 2019- 2024”, encontrando casos en que no se entregó el beneficio ofrecido.
Señaló el caso en 2018, de un productor beneficiado, que no recibió un tractor que se le había ofrecido, pues luego de tomarse la foto, se le retiró, “este caso se encuentra en proceso en la Fiscalía de Combate a la Corrupción, bajo el expediente 18/2023.
Apuntó que no se localizaron 124 bienes, entre otros, material y equipo de oficina en deterioro, “se recibieron 37 vehículos entre automóviles y camionetas Pick Up, sin contar con bitácora de mantenimiento”.
Sin embargo, dijo que en la información financiera entregada, se ejecutaron 149 mil 503.94 pesos en refacciones de equipo de transporte, mantenimiento y reparación de vehículos, lubricantes y aditivos. El funcionario se dolió que la anterior administración dejo solo un 13.62 por ciento, esto es 40 jil 370.23 pesos de presupuesto disponible en el capítulo 2 mil de Materiales y Suministros.
Además de un 19.94 por ciento, (554,226.24 pesos) disponible para el capítulo 3 mil de Servicios Generales, lo cual dejó la situación financiera de la Secretaría muy ajustada para finalizar el ejercicio del año pasado.
“Existen cuentas por cobrar en tres fideicomisos con antigüedades en su adeudo desde hace tiempo, por un importe total de 62 millones 896 mil 480.88 incluyendo intereses moratorios, no se encontró evidencia suficiente que ampare la gestión de cobro de dichos créditos”.
POR PERLA RESÉNDEZ
