Debe reconocerse que el esquema elegido para la glosa del Primer Informe del Gobernador Américo Villarreal Anaya ha resultado novedoso.
El hecho de que todos los integrantes del Gabinete acudan al Congreso para comparecer, ya sea ante el Pleno o ante comisiones, es en primer lugar una especie de examen para ellos, en un momento en el que el Gobernador ya estará en posibilidad de hacer una primera evaluación de su desempeño.
A seis meses de iniciada la administración, no sonaría descabellado un primer ajuste en su equipo de trabajo. Pero sobre todo, la presencia de los secretarios en el Legislativo ha servido para construir una detallada relatoría de lo que parece un saqueo millonario a las arcas del estado durante la pasada administración.
Jesús Lavín Verástegui, Secretario de Administración, detalló el fraude cometido al IPSSET que asciende a más de 1,500 millones de pesos y lo ha puesto en una situación tan comprometida, que si en el 2024 todos los trabajadores que cumplen con los requisitos para jubilarse lo hicieran, el sistema de pensiones colapsaría.
Además informó que detectaron un esquema de desvío de recursos que era un secreto a voces en diferentes dependencias. Pagaron contratos millonarios a empresas de tecnología para realizar trabajos que al final se llevaban a cabo por empleados estatales.
En la Secretaría de Bienestar, la titular del área, Verónica Aguirre de los Santos, informó que se detectaron millones de pesos en gastos sin comprobar, además de la asignación indebida de plazas laborales, una constante detectada en muchas otras áreas.
La Secretaria del Trabajo, Olga Sosa, dio a conocer que los inmuebles construidos durante la anterior administración para albergar los centros de conciliación fueron entregados en obra negra, con apenas un 50% de avance, y se reportaron terminados al 100 por ciento.
En la Secretaría de Desarrollo Rural, dirigida casi de principio a fin del anterior sexenio por Ariel Longoria, también hubo múltiples irregularidades.
Por ejemplo, el pago ilegal de 240 millones de pesos en 45 contratos asignados por adjudicación directa. Pero además, denunció la simulación de apoyos.
Dejó para el registro una joya cortesía de los anteriores ex funcionarios: el caso de un productor beneficiado por uno de los programas al que se le entregó un tractor, pero solo para tomarle una fotografía, pues luego se le retiró.
Además, se encontró el faltante de 124 bienes muebles. Todos estos señalamientos que parecen sólidos han sido documentados y entregados a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que todavía encabeza Raúl Ramírez Castañeda. Ofendido por las acusaciones de dilación en su investigación, el Fiscal afirmó que han realizado decenas de entrevistas a testigos y recabado más de 100 informes de la Policía Investigadora, además de solicitudes de información y dictámenes periciales.
Lo raro es que en todas esas labores no han encontrado nada raro, ni un triste indicio de que se hayan cometido delitos de corrupción en la anterior administración. “Aún no se cuenta con datos de prueba pertinentes para poder citar a algún probable partícipe”, aseguró la dependencia. A este paso, el Fiscal va a terminar exigiendo una disculpa pública para los denunciados.
