Lo anunció con bombo y platillo, como una verdadera obra de vanguardia y tecnología. La cereza en el pastel de su gobierno que se ufanó de marcar la diferencia en matería de seguridad pública.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca presumió a todo el país la construcción del Complejo de Seguridad Pública (C5) en Reynosa como un centro de inteligencia para vigilar cada rincón del estado y así hacer frente a la delincuencia organizada y garantizar la seguridad de los tamaulipecos.
En teoría era una idea extraordinaria y sin precedentes en la historia del estado, pero ocultaba un oscuro secreto que trascendía sus alcances, lamentable para su soberbia.
Aunque el ex gobernador utilizó el aparato de inteligencia para vigilar a sus opositores, principalmente los provenientes de Morena y le dio pie a iniciar una guerra sucia pre y pos electoral en el estado, es la red de corrupción que engloba toda la construcción de infraestructura para seguridad pública la que detonará tarde o temprano una bomba de tiempo que está por terminar su temporizador.
Y va más allá de los alcances del ex gobernador porque inició en la recta final del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Sí, el mismo que albergó a figuras tan cuestionables como Genaro García Luna.
Durante la administración calderonista, por ejemplo, surge el Subsidio para la Seguridad en los Municipios, predecesor del actual Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
El presupuesto que la Federación inyectó a estados y municipios tenía como tres objetivos: el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, la construcción de infraestructura, mobiliario y tecnología como apoyo a las labores de seguridad pública y la misma construcción de infraestructura, e implementación de programas sociales para la prevención del delito.
Una idea ambiciosa y necesaria para un gobierno que en 2006 inició su combate a la delincuencia organizada que bañó de sangre cada rincón del país.
Pero no para aquellos que gozaron de sus beneficios y enriquecieron sus arcas con el presupuesto público.
Tal es el caso de una pequeña empresa con sede en la Zona Metropolitana del Valle de México, que en un inicio tenía como giro la venta e instalación de alarmas y equipos de seguridad para particulares y el sector privado.
La empresa Seguritech acaparó en sus primeros años ,como parte del pacto entre priistas y panistas en la transición del calderonato al peñismo, primero las concesiones para la instalación de equipo de seguridad en diversos puntos del país. La mayoría de las cámaras de seguridad que se instalaron en los puntos del país más afectados por la inseguridad, fueron instaladas por la empresa que mantiene una relación directa con el ex secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Al paso de unos años durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto la empresa cambió su matriz a Interlomas y se convirtió en el referente para la generación de infraestructura y la instalación de equipo tecnológico para seguridad pública.
La construcción y remodelaciones en los complejos de seguridad pública (C1, C2, C3, C4 y C5) de todo el país eran y aún son atendidos por la empresa. No hay licitación de municipios y estados que no cuenten con su participación, o al menos con una licitación.
Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador y su 4T a la presidencia del país, una de sus primeras acciones fue la de suspender por completo cualquier relación con empresas del pasado que manejaban grandes capitales del gobierno federal a su gusto y antojo.
Tal vez esa puede ser una de las justificaciones del presidente para militarizar por completo al país, por más peligrosa que resultara su decisión.
Pero la red de intereses y el uso de presupuesto público por parte de empresas como Seguritech lo impulsaron a dar un golpe de timón.
Las consecuencias de su decisión son evidentes ante el incremento de violencia en todo el país (junto a otros tantos factores).
La estrategia del presidente funcionó en el discurso pero dista mucho de lo que sucedió en realidad.
Aunque la Federación evitó y evadió tener relación con la empresa de origen priista, los gobiernos estatales y municipales continuaron requiriendo de sus servicios.
Como sucedió durante el sexenio cabecista. Todo lo relacionado en infraestructura y tecnología para Seguridad Pública lo concentró Seguritech, pero no sólo eso.
La empresa también se encargó del diseño, construcción, gestión, inventario, patente, registro, renta, arrendamiento, administración, explotación, compra, todo lo relacionado en el trabajo de inteligencia.
Los candados legales que impuso el cabecismo fueron sólo de papel porque previamente la empresa le ‘arrebató’ al gobierno el uso de todo lo que manejó con el presupuesto público.
Los señalamientos que hizo el gobernador Américo Villarreal sí tienen lógica, pero van más allá.
El presupuesto de seguridad pública estatal al igual que en otras partes del país se concentra en unas cuantas manos y dejan relativamente inoperante a la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Y además desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que supuestamente maneja Rosa Icela Rodríguez y desde la Secretaría de Gobernación del tabasqueño Adán Augusto López Hernández, sus funcionarios de nivel superior e intermedio se mantienen cortados por el mismo grupo que utiliza a empresas como Seguritech para sus negocios en cuyo acumulamiento de capital además del enriquecimiento de sus dueños, tiene como objetivo la elección de 2024.
El gobernador puso en la agenda un tema inconscientemente o deliberadamente, pero destapa una cloaca de actos de corrupción llevados a cabo en el estado y en el país desde 2010 a la fecha.
En los sexenios federales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y en los estatales de Egidio Torre Cantú y Cabeza de Vaca.
La bomba de tiempo ya casi llega a ceros y hay muchos personajes e intereses involucrados.
En una problemática que le ha costado la vida a cientos de miles de mexicanos y ha desaparecido del mapa a otros tantos cientos de miles más.
POR PEDRO ALFONSO GARCÍA RODRÍGUEZ
