CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La diputada Magaly Deandar Robinson, planteó reformas al Código Penal del Estado, para establecer el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad, con penas de hasta 22 años de prisión a quien lo cometa.
La legisladora señaló que existen grupos sociales vulnerables como las niñas, niños, adolescentes e incapaces menores de edad que, “debido a que no cuentan la capacidad suficiente para comprender los hechos, son susceptibles a la manipulación y a distintos actos que perjudican su integridad física, psicológica, mental, sus derechos y libertades”.
Uno de esos actos, dijo es la cohabitación forzada, también conocida como unión temprana, “la cual se constituye cuando una persona obliga, coacciona, induce, solicita, gestiona u oferta a una niña, una adolescente o a una incapaz menor de edad a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o persona adulta, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio”.
Señaló que la cohabitación forzada debe ser considerada como un tipo de violencia, al no existir justificación para esta “inhumana práctica que atenta, especialmente, contra las mujeres en su etapa de niñez y adolescencia”, señaló.
Apuntó que de acuerdo con la organización “Save the Children”, en México 1 de cada 100 niñas entre los 12 y 14 años de edad se encuentran casadas o unidas informalmente, lo cual, sin duda alguna, resulta alarmante.
Mientras que “Girls not Brides”, alianza que lucha contra los matrimonios infantiles, señala que México tiene el octavo número más alto de mujeres casadas o en unión antes de los 18 años en el mundo al registrar 1 millón 420 mil mujeres en esta situación.
Destacó que las uniones tempranas son prácticas perjudiciales que afectan especialmente a las niñas y las adolescentes, limitando sus oportunidades de educación y desarrollo, las expone a la violencia, abuso sexual y al embarazo precoz.
En su propuesta legislativa, Deandar Robinson refiere que al responsable de este delito se le impondrá una pena de ocho a 15 años de prisión y de mil a 2 mil 500 días multa, se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
La congresista Gabriela Regalado Fuentes, solicitó a nombre del grupo parlamentario de Morena, unirse a la iniciativa presentada, misma que fue asignada a las Comisiones de Niñez, Adolescencia y Juventud y a la de Justicia, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
