La oposición no puede ir a la zaga en el debate rumbo a las elecciones de 2024.
Debe encontrar el equilibrio para, por un lado, rechazar las falsedades, ataques y hasta distractores que diario lanza Palacio Nacional, y por otro fijar su agenda para que mexicanas y mexicanos vayan tomando posiciones con respecto a unos comicios que serán básicamente un referéndum.
Han de recordar que, en efecto, la mañanera (replicada sin sentido crítico por demasiados medios serios, pero esa es otra discusión) tiene probado impacto en la opinión pública, mas ello no obliga a la oposición a ser un actor que sólo reacciona a cuanto ahí se diga sin fijar sus propios temas.
El ejemplo dual más reciente, y sin duda uno de máxima importancia, es el llamado de Andrés Manuel López Obrador para que en las elecciones de 2024 se le entreguen mayorías legislativas para trasquilar la Constitución con una reforma judicial.
Ese llamado ha sido secundado por las cuatro personas señaladas como posibles sucesores de AMLO, y por los muchos gobernadores del lopezobradorismo. De forma que hay voces que ya hablan de la supuesta idoneidad de entrarle ahora a “transformar el Poder Judicial”.
Hizo bien la oposición en el Congreso al dar un estate quieto al senador Ricardo Monreal, que amenazó con promover juicio político en contra de ministras y ministros. Pero la maquinaria de propaganda con “argumentos progres” a favor de cambiar la Corte no ha siquiera empezado.
A la Suprema Corte, que este año ya ha frenado varias leyes de AMLO, se le atacará con todo desde el máximo poder político en los 13 meses que faltan para la elección presidencial y legislativa un día sí, y otro también.
¿Cómo han de entrarle a esa polémica los partidos opositores?
López Obrador no escatimará crítica sibilina alguna contra salarios o condiciones laborales de los integrantes de un poder al que, en efecto, en la transición se le quiso blindar con una estructura de ingreso y estabilidad que contrastaban con precarias realidades de muchos segmentos de la población.
Y hay que descontar los defectos y las insuficiencias de los poderes judiciales de México (dicho en plural porque hay que poner en la misma canasta a los de los estados y al federal, dado que AMLO hará eso para maximizar el resentimiento). Descontarlo no significa justificarlo, sólo saber que existe.
Nadie subestima la capacidad de la sociedad mexicana para entrar a un debate donde se comparen modelos judiciales internacionales o referencias históricas propias sobre formas de nombrar a impartidores de justicia. Pero hay que denunciar que esa no es la intención de Andrés Manuel.
Mejorar el Poder Judicial está fuera de sus pretensiones. Insisto en la dificultad de encontrar el punto medio: no dejarle el campo libre para que prevalezca su pernicioso denuedo, pero tampoco seguir el trapo que busca embaucar en un debate que ni es debate.
Ir por las motivaciones sin caer en la trampa de “discutir” el fondo.
Sus motivaciones son la revancha, porque se le han impedido reformas anticonstitucionales y de plano mal hechas, y la captura de un poder como ha capturado, anulándolo, al Legislativo. Ese es el tema, no la mejora de la justicia, no altos salarios.
Desnudar esas motivaciones recordando, por ejemplo, que AMLO traicionó la promesa hecha a la sociedad mexicana el 1 de diciembre de 2018, cuando dijo: “Mantendremos relaciones respetuosas con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes”.
No tiene propuesta, sólo sed de poder. Ese es el debate.
POR SALVADOR CAMARENA
