CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- De los 51 legisladores tamaulipecos, entre diputados federales, senadores y diputados locales, solo seis han hecho pública de manera parcial su declaración de intereses.
La ley establece que todo servidor público tiene la obligación de presentar y publicar su declaración de intereses para verificar que las decisiones tomadas se hagan en nombre del interés público y no para su beneficio personal.
Es decir, que no incurran en posibles conflictos de interés en determinadas acciones.
El 31 de mayo es la fecha límite para que legisladoras y legisladores presenten y publiquen su declaración patrimonial y de intereses, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Un informe preliminar realizado por la Unidad para la Transformación de los Congresos (UTRAC) de Transparencia Mexicana señala que a nivel nacional sólo el 16 por ciento de los legisladores presentó y publicó la información referente a sus intereses personales.
En el caso de Tamaulipas, la situación es aún más grave, pues de los 51 legisladores que participan en el Congreso Estatal, la Cámara de Diputados, o el Senado, solo el 11 por ciento han presentado una declaración de intereses.
La diputada federal priísta Montserrat Arcos incluyó en la declaración de intereses, su participación como presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Priístas.
La diputada panista, Mariela López Sosa, incluyó su participación como Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PAN, y Vicente Verástegui Ostos, como presente de una asociación civil, que no especifica.
Mientras que la diputada del PVEM, Ana Laura Huerta Valdovinos, es la única que señala ser socia de una empresa, la agencia Servicios de Comercio Mundial S.C.
El resto de los diputados federales de todos los partidos solo han hecho pública su declaración patrimonial, pero el apartado de declaración de intereses está en blanco.
En el caso de los 36 diputados que integran el Poder Legislativo local, ninguno ha hecho pública su declaración de intereses.
De hecho, en el portal de transparencia del Congreso tampoco es posible conocer su declaración patrimonial.
En el Senado, Ismael García Cabeza de Vaca declara ser representante en una empresa en el sector de la construcción, pero no añade más detalles, ni la razón social, ni si recibe alguna remuneración por ello.
José Ramón Gómez Leal no ha publicado su declaración patrimonial como senador, aunque en su última declaración como delegado del bienestar si hizo pública su declaración en la que se acredita como accionista en 11 empresas.
Transparencia Mexicana reveló en su informe preliminar que en 18 Poderes Legislativos no fue posible conocer los intereses de sus legisladores, aún cuando fueron revisadas las cuatro plataformas habilitadas para dar a conocer esa información: Plataforma Nacional de Transparencia, Plataforma Digital Nacional, el sitio oficial de cada Congreso y la Plataforma Digital Estatal, en aquellos casos en los que cuentan con una.
Se trata de los Congresos de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quinta Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La organización revisó la información de los mil 739 legisladores del País, de un total de mil 741, debido a que al momento del análisis había dos vacantes: uno en el Senado y otro en el Congreso de Oaxaca.
Del total, sin tomar en cuenta las vacantes, 628 fueron diputados federales y senadores y mil 113 legisladores estatales.
Los resultados plantean que, de ese total, mil 462 legisladores no revelaron sus intereses, porque no publicaron su declaración, la testaron, dejaron en blanco o reservaron la información, utilizaron otro formato o dijeron no tener intereses.
En el ámbito federal, 433 de los 627 diputados y senadores del Congreso de la Unión analizados (69.1 por ciento), no revelaron información sobre los intereses personales que pudieran entrar en conflicto al momento de tomar una decisión pública.
A nivel local, mil 029 de los mil 112 analizados en los 32 Congresos locales no revelaron sus intereses, lo que representó el 92.5 por ciento.
De acuerdo con Transparencia Mexicana, de los mil 462 legisladores que no revelaron información sobre sus intereses, 391 ni siquiera presentaron su declaración, lo que contraviene la Constitución y las leyes secundarias, que señalan ésta como una obligación para cualquier servidor público.
El informe detalla que a nivel nacional no existe un solo órgano legislativo federal o estatal en el que el 100 por ciento de sus integrantes cumplan con este ordenamiento legal.
Indica que el Congreso de Aguascalientes es en donde el mayor número de diputados cumple con su declaración de intereses, con un 41 por ciento.
Le siguen la Cámara de Diputados con el 33 por ciento y el Congreso de Quintana Roo con el 24 por ciento.
La falta de transparencia respecto a las declaraciones de interés de los diputados es un hecho grave, señala la organización, pues asegura que no sólo es violatorio de la ley, que fija el 31 de mayo como fecha límite para que presenten o publiquen su declaración patrimonial y de intereses.
Además, agrega, cuando no se hace pública información que permita conocer si un legislador participa en empresas, sociedades, fideicomisos, organizaciones sindicales o tiene clientes en el sector público o privado, se incrementa el riesgo de conflicto de interés durante su mandato.
La organización invitó a los órganos de gobierno de los congresos federal y locales a contribuir para que se presente, publique y abra este tipo de información, como lo instruye el marco legal vigente.
«En democracia, es indispensable saber si un legislador está defendiendo su interés personal, o el de un grupo de interés, o el interés de la ciudadanía. Para saber si las y los legisladores tomarán una decisión poniendo por delante el interés público o su interés personal, es indispensable que se presente y publique un listado exhaustivo de sus intereses. Este es el mecanismo mínimo para poder prevenir y evitar potenciales conflictos de interés en las decisiones públicas del País», sostuvo.
Por Staff
Expreso-La Razón
