CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Luego de las declaraciones del policía Ismael “V”, sobre la forma en que fueron asesinadas 19 personas el 21 de enero del 2021 en una brecha en Camargo, Tamaulipas, su vida y la de su familia corre peligro, afirmó su abogada, quien pidió se refuerce la seguridad de su defendido al interior del penal en donde se encuentra, a la espera de que inicie la etapa del juicio, en la que dará su testimonio sobre lo ocurrido aquella mañana.
La audiencia programada para las 9:00 horas en la sala F del Centro Integral de Justicia, se prolonga hasta las 14:00 horas. El Juez Patricio Lugo Jaramillo preside y toma lista a todos los involucrados en el juicio, fiscales, defensa, acusados, familiares de las víctimas, así como personal de Derechos Humanos, psicólogos, trabajadora social e intérprete que están apoyando a las familias en este trance.
Luego de constatar que se encuentran todos, excepto la abogada victimal de uno de los dos mexicanos que falleció junto a los 17 migrantes centroamericanos, el Juez decide iniciar esta etapa del proceso.
La abogada del policía Ismael “V”, toma la palabra y refiere que su defendido, teme por su vida y la de su familia, luego que afirma, se han filtrado, además de su nombre completo, un video en redes sociales y registros con su declaración sobre lo ocurrido aquella mañana en Camargo, poniéndolo en vulnerabilidad, además que se le califica como culpable, vulnerando así su derecho a ser considerado inocente.
El Juez ordenó se remita un oficio al Director del penal en que se encuentra para que se dé protección al joven de 28 años y se resguarde en un lugar distinto al resto de la población carcelaria, y de esta manera salvaguardar su vida.
Ismael “V”, se encuentra en un penal distinto al del resto de sus compañeros que están recluidos en el CEDES Victoria, con su declaración, se acogió a un principio de oportunidad a cambio de que no se le impute el delito de homicidio calificado como a los otros 11 policías.
Su testimonio será clave en este juicio, pues contradice a lo que el resto ha afirmado en estos 27 meses, que en un rondín encontraron los cuerpos de las personas ardiendo en ese lugar y reconoce que fueron ellos, los que dispararon y luego quemaron a las 19 personas.
“A pesar de ser policía y de su formación, también fue presa del miedo y la zozobra, conocerá a un buen policía, un buen hombre, que hoy arriesga su vida por cumplir con su deber”, dijo la abogada Xóchitl Sánchez al Juez en su discurso de apertura.
La Fiscalía por su parte iniciará el desfile probatorio con las familias de las víctimas, que se reunieron en un punto del departamento de San Marcos en Comitancillo en Guatemala desde donde se conectan vía Zoom a las audiencias.
Además del testimonio de las familias, presentarán más de 70 testigos, entre peritos, expertos en diferentes ramas, policías de investigación, así como vecinos del rancho Piedra en el municipio de Díaz Ordaz, estos últimos narrarán lo que escucharon y vieron ese día de enero del 2021.
La Fiscalía acusa a los 11 policías de homicidio calificado con la agravante de premeditación y ventaja, además de abuso de autoridad, a la policía Mayra Elizabeth “V”, además de falsedad en informe dados a una autoridad y al policía Ismael “V”, de abuso de autoridad.
En Guatemala, la asesora jurídica de las familias señala que a las 19 personas, 17 de ellas migrantes centroamericanos los asesinó la crueldad humana y la falta de sensibilidad de una autoridad que se supone debía protegerlos.
“Les arrebataron su vida y la esperanza de todas las familias, dejándoles deudas muy grandes, deudas, seguramente impagables”, señaló Guadalupe Yesenia, quien recordó que dentro del grupo de personas asesinadas en Tamaulipas había cinco menores de edad y el hecho de ser migrantes, los volvió vulnerables y casi invisibles.
Lo importante dijo es que se esclarezcan los hechos y saber por qué pasó esta tragedia, quiénes son los culpables, que este delito no quede impune y no se vuelva a repetir.
Uno de los abogados defensores, Víctor Hugo García, solicitó al Juez que en presencia de las víctimas, estuviera alguna autoridad de Guatemala, para constatar que quien declare sea la persona que conste en actas y se evite comunicación entre ellos, cumpliendo con ello la formalidad del proceso, lo que fue secundado por la mayoría de los defensores, quienes amenazaron que de no ser así, solicitarían reponer el proceso.
Ante ello, el Juez instruyó a la Fiscalía para que entable comunicación con las autoridades de Guatemala y en el desahogo de los testimonios de las víctimas, se encuentre presente una autoridad central de Guatemala, otorgando para ello un plazo de 10 días para cumplir con dicho requisito, estableciendo el 12 de junio como la nueva fecha para la audiencia.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
