A una buena parte de los actores políticos de Tamaulipas les viene a la medida una frase sarcástica que en su momento causó furor, es un producto del ingenio filoso del comediante neoyorquino Groucho Marx: “Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”.
Son tiempos inéditos en los que suceden cosas nunca antes vistas, o que ocurrían pero por lo menos eran disimuladas por los políticos de antaño, cuidadosos de no violentar la regla de que la ‘forma es fondo’, inventada por el veracruzano Jesus Reyes Heroles.
Un caso penoso: la vieja Procuraduría de Justicia se convirtió en una estructura caduca cuando el crimen organizado irrumpió en el territorio de Tamaulipas, y en el año 2019 se decidió crear la Fiscalía General de Tamaulipas con el propósito de otorgarle autonomía plena para cumplir con su deber elemental de perseguir el delito, al margen de banderas y de consignas políticas.
Pero no fue así, la supuesta autonomía de la Fiscalía naufragó cuando se convirtió en un instrumento utilizado contra los enemigos del gobierno en turno, más aún, se creó una Fiscalía Anticorrupción que parecía un buen proyecto hasta que fue puesta en manos de abogados de dudosa reputación, expertos en chicanadas, que sin disimular se subordinaron al poder ejecutivo.
Lo mismo sucedió con la Auditoría Superior del Estado que aplicó la ‘política de la zanahoria y el garrote’, para premiar la docilidad y generosidad de alcaldes y funcionarios bajo sospecha o para encarpetar a los que rehusaron pagar o someterse. El otorgamiento de impunidad se convirtió en un lucrativo negocio desde que cayó en manos de Jorge Espino Ascanio y de sus contadores asociados con matriz en Palacio de Gobierno y en el Senado.
La debacle institucional alcanzó a otros organismos que en lugar de dar certeza al manejo de los recursos presupuestales, actuaron como tapaderas de manejos fraudulentos como el Instituto Tamaulipeco de Acceso a la Información y el Tribunal Electoral.
Resulta una paradoja absurda pero el ITAIT derivó en un defensor de la opacidad y el TRIETAM en un legitimador de fraudes electorales,
Cuando terminó el gobierno y llegó la nueva administración, el problema ya estaba ahí, e impulsar reformas se convirtió en una tarea compleja por la configuración de la nueva legislatura y el candado del voto necesario otorgado mañosamente a los alcaldes para evitar cualquier reforma constitucional que enderezara los entuertos legales urdidos por los abogados de Roberto Gil Zuarth.
En pocas palabras, la gran tarea del gobierno entrante era eliminar el manejo faccioso de la aplicación de la Ley y de la rendición de cuentas, indispensables para el ejercicio de la gobernabilidad.
Las acciones metaconstitucionales impuestas a rajatabla por el gobierno de Francisco Garcia Cabeza de Vaca poco han cambiado, y aún tienen un fuerte impacto en la vida institucional, atrapada en una parálisis que urge destrabar.
Aunque Morena llegó con una mayoría respetable los diputados electos llegaron arrastrando compromisos con grupos internos de Morena y fueron utilizados para maniobrar políticamente en beneficio de sus patrocinadores y hasta de los adversarios políticos.
Pero lo peor de todo fue que esa compleja red de intereses derivó en la pérdida de la mayoría que también tuvo como motivo el pago de cuantiosas sumas de dinero a legisladores desleales.
Lo que sucedió ayer en el Congreso del Estado forma parte de una historia negra como las que produce Netflix: en cada capítulo las historias son más intensas y escandalosas.
Tal vez en el futuro, con lo que ocurre en la legislatura local, se pueda escribir otra serie al estilo de “La Ley de Herodes” que postula un principio universal: «o te chingas o te jodes”.
POR ALFONSO GARCÍA RODRÍGUEZ
@pedroalfonso88
