Desde el 1 de octubre del año pasado, Irving Barrios Mojica ha hecho malabares para lucir como un Fiscal General de Justicia que respeta la institucionalidad de su cargo, pero al mismo tiempo para no romper las líneas de conexión que mantiene con el cabecismo que lo trajo a Tamaulipas y lo convirtió en un “super fiscal” que en el 2025, cuando termine su periodo, habrá ejercido el cargo por nueve años.
Tan fuerte fue el compromiso con él, que antes de irse, la anterior Legislatura lo “blindó” de cualquier intento de remoción al establecer que se requiere una mayoría calificada para retirarlo del cargo.
A finales del año pasado, cuando llegó Américo Villarreal Anaya al gobierno del estado, Irving se acercó a algunos de los alcaldes a los que unos meses antes se había investigado desde la Fiscalía.
Les mandó el mensaje de que no había nada personal detrás de esa actuación y responsabilizó en la mayoría de los casos al Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda.
Desde entonces ha intentado llevar la fiesta más o menos en paz con la administración estatal, y a cambio, los operadores políticos del Ejecutivo y del Congreso han enfilado sus baterías contra otros representantes más apasionados del régimen cabecista, como el Auditor Jorge Espino, y el reprobado Fiscal Anticorrupción.
Pero tarde o temprano iba a llegar un momento como éste, en el que se exigen definiciones claras por parte de Irving Barrios, quien ahora tiene en sus manos dos temas que lo obligarán a tomar decisiones.
Está por ejemplo el caso de Carlos Peña Ortiz, polémico alcalde reynosense, que -según confirmó el propio Fiscal- cuenta con una orden de aprehensión activa.
El problema es que la investigación contra “Makito” está atravesada por un innegable componente político, que vivió su punto más álgido cuando su madre rompió con el PAN cabecista y consiguió para él -ni más ni menos- la candidatura de Morena.
Luego, con la llegada de la 4T al poder, por la vía de los amparos, las ordenes de aprehensión en su contra se congelaron.
Podrá decirse que así son los tiempos de la justicia, pero en la política tamaulipeca no hay casualidades.
Hace unos días, el Gobierno Municipal de Reynosa rechazó -por obvias razones- entregar una carta de residencia al ex gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y unas cuantas horas después, se conoció que la famosa orden de aprehensión está vigente, por lo que el alcalde podría ser detenido.
El otro asunto álgido que cayó en la cancha del Fiscal es el de las agresiones y actos de vandalismo cometidos en el Congreso de Tamaulipas.
Los videos son elocuentes, además de los diputados panistas -protegidos por el fuero- que agredieron al Director de Comunicación Social, José Inés Figueroa, hay personas ajenas al Legislativo que también participaron en el ataque, y que forzaron puertas del recinto.
Dos preguntas para Irving, obvias y pertinentes:
1) ¿Va a ordenar que se ejecute la orden de aprehensión que pesa contra Makito?
2) ¿Dejará pasar los hechos ocurridos en el Congreso, pese a su gravedad?
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
