Por medio de amparos ante un Juzgado Federal y una denuncia en Derechos Humanos es como los comerciantes de Altamira afectados por los cateos de la Fiscalía General de la República (FGR) se defenderán.
Un promedio de 250 trabajadores son los afectados por el cierre de 30 negocios de la zona centro.
“Esos amparos tienen que ser individuales porque no es la misma situación o circunstancia, pero seguramente se hará eso, al menos eso se está pidiendo a nuestros socios que hayan sido afectados, es lo correcto y lo que molestó fueron las formas, no les dieron chance de defenderse a los comerciantes”, sentenció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Gonzalo Urbina Betancourt.
Enfatizó en que es un problema fuerte y que se deben buscar las mejores soluciones y después de la sesión que realizó el consejo de la Canaco acordaron su respeto e irrestricto compromiso a cumplir con las leyes y reglamentos establecidos, respaldan y apoyan a todo el comercio establecido dentro del marco legal y los
motivan a cumplir con las leyes y reglamentos.
La Canaco consideró que las formas en las que se llevaron a cabo los cateos no fueron
las correctas por el uso excesivo de la fuerza de la ley, se vio limitado el derecho de los comerciantes de presentar los documentos que
amparan el origen de los productos y que existe
preocupación por los más de 250 empleos que son afectados por el cierre de los comercios, pero que también hay disposición al diálogo con las autoridades correspondientes para buscar una
solución a toda esta problemática.
Cuestionó que la FGR cómo sabe si los comerciantes tienen o no tienen facturas de los productos que venden, “nomás porque ellos dicen, eso es lo que reprobamos”.
“No llega un contenedor, llega uno con miles de contenedores cargados de cosas, allá es donde está el problema, por qué le hacen esto a la gente y la ley es clara, pero no dieron oportunidad de defendernos, nos trataron como si fuéramos delincuentes y no se vale, no usaron los medios correctos, somos respetuosos de las leyes”.
Óscar Figueroa/La Razón