CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Cinco años después de su creación, con una nómina que ya rebasa los 27 millones de pesos, la Fiscalía Anticorrupción ha recibido mas de mil denuncias, apenas ha judicializado el 5 por ciento y solamente ha logrado cinco sentencias condenatorias, según datos reportados vía transparencia.
Estos son los casos que ha logrado llevar hasta la culminación del proceso penal:
1.- Por abuso de autoridad se sentenció a 2 años y tres días de prisión a un policía estatal que golpeó en la cara a un civil.
2.- Otro policía estatal fue acusado de abuso de autoridad y lesiones por golpear y rociar gas lacrimógeno en el rostro a un civil, por el delito de lesiones se le impuso multa de 3 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), mientras que fue absuelto por el delito de abuso de autoridad.
3.- Un agente de tránsito de Victoria, acusado de abuso de autoridad fue sentenciado a 2 años de prisión conmutable, multa de 100 días del valor de la UMA y un año de inhabilitación.
4.- Un funcionario de la dirección de Pagos de Finanzas del Gobierno del Estado acusado de cohecho, obtuvo sentencia condenatoria, con 12 meses de prisión conmutable por 50 veces el valor de la UMA, también se inhabilitó un año para desempeñar un empleo, cargo o comisión pública.
5.- Otro funcionario de la misma dirección de pagos de Finanzas del Gobierno del Estado fue acusado de cohecho se le dictó pena de 16 meses de prisión conmutable, multa de 5,033 pesos, inhabilitación por 16 meses, reparación del daño por 11 mil pesos en beneficio del Estado, así como pérdida de derechos civiles y políticos del estado.
Los resultados hablan por sí solos: de 2017 a julio 2022 llegaron a sus oficinas 1,063 denuncias y en 72 de ellas, la dependencia aseguró que no era de su competencia y fueron devueltas desde el inicio.
En el restos, es decir 991, llegaron hasta una carpeta de investigación, pero en 71 casos la dependencia se abstuvo de investigar, en 198 se declaró incompetente para investigar, en 300 decidió el no ejercicio de la acción penal, nueve fueron acumuladas después de iniciar, 18 se fueron al archivo tempora, y solo 56 se judicializaron.
Casos como el del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, detenido en 2017, y acusado por esta Fiscalía por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no forman parte de los resultados, pues de la primera acusación, un juez estimó que no hay elementos suficientes para acusarlo y las demás acusaciones, hasta ahora estàn en el aire.
La dependencia obtuvo el año pasado 2 millones 770 mil 716.63 pesos, a través del Proyecto de Inversión del programa “Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública” a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP).
Se compraron 10 computadoras de escritorio (376 mil 184.63 pesos) aportación estatal, un router (10 mil 556 pesos) aportación estatal, una cámara de video (91 mil 176) aportación federal, un vehículo Pick Ups 6 cilindros (950 mil pesos) aportación federal, tres vehículos sedan (un millón 339 mil 800 pesos) aportación federal.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, enfrenta además otra circunstancia adversa: su titular no cumplió con un requisitos esenciales para ser nombrado titular de la Fiscalía al reprobar los exámenes de control y confianza, según un oficio del Centro Nacional de Inteligencia.
Raúl Ramírez Castañeda está amparado y el litigio aún no ha sido resuelto, por lo que de momento no puede ser destituido y tampoco, quienes tienen la posibilidad de hacerlo, el Congreso del Estado, así como el Fiscal General de Justicia, Irving Barrios Mojica, no pueden manifestarse al respecto, pues en su demanda, el Fiscal Anticorrupción dijo que era objeto de infamia, deshonra, ataques a la salud por daños psicológicos, acoso laboral.
En su alegato denunció “ataques a la dignidad, actos infames, deshonra, ataques al honor, desprestigio público, difamación, afectación a la reputación, exposición mediática, tortura, tormento y el peligro inminente a la privación de la vida derivado del retiro de los guardias de seguridad o escoltas que le fueron asignados para el desempeño del encargo como titular de la Fiscalía Anticorrupción”.
Por Perla Resendez
Grupo Expreso-La Razón