Primero: estamos a menos de un año de las elecciones del 2 de junio de 2024. Segundo: todavía no se han liberado los fondos que tienen los precandidatos para gastar durante el proceso electoral. Tercero: las corcholatas han gastado cientos de millones de pesos –de origen incierto– en giras y en la contratación de espectaculares y pinta de bardas en todo México. Cuarto: tenemos un gobierno cuya única preocupación, como un parásito, es perpetuarse, sin importarle nada más.
En ese contexto, las organizaciones criminales han proliferado y permeado en todo el país. Aunque tapemos el sol con un dedo, no podemos ignorar que controlan territorios enteros –según fue confirmado por Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, en una audiencia ante un comité del Senado de aquel país–, determinan quiénes son las autoridades y crean sus propias reglas.
Incluso, miembros del partido oficial, como Gibrán Ramírez, han denunciado que muchas de las campañas de Morena han sido financiadas por las organizaciones criminales.
Cualquiera que se les atraviesa a estos grupos termina en una de las miles de fosas clandestinas a lo largo del país. Su poderío es inmenso y limitado únicamente por grupos antagónicos.
La directora de la DEA, hace algunos días, declaró que los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación tienen a cerca de 45 mil personas en sus filas –se llenaría la mitad del Estadio Azteca–, lo que los hace una gran organización para operar una elección.
Por otro lado, tenemos un fiscal general de la República que nadie sabe dónde está desde hace meses y una cifra negra de impunidad de 95% de los delitos federales.
La situación es preocupante. Se van a desarrollar las elecciones del 2024 con un INE debilitado por los embates del presidente López Obrador y toda la maquinaria del gobierno de la “transformación” va a operar para que todo siga igual. Un gatopardismo.
Ahí están los comicios de Sonora y Sinaloa de 2021, donde se movieron millones de pesos –¿miles?– para darle la victoria a Morena. A los opositores, plata o plomo. Está documentado.
La realidad es que durante el sexenio del presidente López Obrador se ha dejado trabajar libremente a las organizaciones delincuenciales, que estarán dispuestas a seguir invirtiendo miles de millones de dólares para perpetuar la situación. No es un gasto, sino simplemente una inversión.
¿Nos queda duda que esos grupos quieren que continúe un gobierno como el actual?
Podemos cerrar los ojos, pero las organizaciones criminales estarán dispuestas a todo para proteger sus intereses y los resultados de la elección estarán influenciados por su operación.
Es cierto que es difícil que los ciudadanos logremos hacer algo al respecto, pero podemos empezar alzando la voz sobre lo que está ocurriendo y exigir que nuestras autoridades cumplan con su trabajo. Si no pueden o tienen miedo, que renuncien. Dejen de llevarse el futuro del país entre las patas.
P.D. ¡Muchas gracias a los lectores de esta columna, que hoy cumple su quinto aniversario!
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POR RICARDO ALEXANDER MÁRQUEZ
*Maestro en Administración Pública
por la Universidad de Harvard
y profesor en la Universidad Panamericana
Twitter: @ralexandermp