El proyecto obradorista, en su vastedad y complejidad, ha sido un ejercicio de construcción ideológica que, en muchos sentidos, se ha ido definiendo sobre la marcha. Sin un documento fundacional que sirva de brújula, hemos sido testigos de cómo, día tras día y mañanera tras mañanera, se va esbozando una visión de país. Sin embargo, si buscamos una acción de gobierno en la que esta visión se cristalice de manera palpable, acaso sería fácil encontrarlo en los libros de texto gratuitos: esos instrumentos que han generado un torbellino de opiniones y debates en la esfera pública.
La trascendencia de esta iniciativa es innegable: el Estado Mexicano publica y distribuye cada año cientos de millones de libros destinados a más de 20 millones de estudiantes. El libro de texto gratuito, emblema de la educación mexicana, ha sido históricamente un mecanismo no solo para nivelar el terreno de juego educativo, sino también para construir una narrativa común, para cimentar una identidad nacional.
Tal es su importancia que este suceso ha despertado un debate público, un claro choque entre dos visiones del mundo. Las tensiones entre comunitarismo y liberalismo, entre visiones populistas y tecnócratas, entre lo local y lo cosmopolita, se manifiestan con fuerza en las páginas de estos libros. Y es que, en el fondo, lo que está en juego es nuestra concepción misma de la educación y, por ende, del país que queremos construir.
Consideremos, por ejemplo, la relación entre educación y mercado laboral. La Nueva Escuela Mexicana —como se llama la nueva propuesta educativa del gobierno— se distancia de la idea de que la educación debe, en alguna medida, preparar a los jóvenes para el mundo laboral. Es cierto que la educación no puede reducirse exclusivamente a la capacitación laboral, pero tampoco puede desentenderse de esa función. La educación es, y debe ser, un vehículo para la movilidad social y ello implica dotar a los jóvenes de herramientas que les permitan prosperar en el mundo laboral. No se trata de elegir entre formar ciudadanos críticos o profesionistas competentes; una educación integral debe aspirar a ambas metas.
La forma en la que visualizan la relación entre educación y mercado laboral se materializa en la preocupante reducción en la enseñanza de las matemáticas. Como bien apunta Irma Villalpando, profesora de la FES Acatlán, los nuevos libros ofrecen un año de lecciones de matemáticas en lo que antes se enseñaba en un mes. En un mundo cada vez más regido por la tecnología y la ciencia, ¿es esta la dirección correcta?
Sin embargo, más allá del claro conflicto ideológico que gira alrededor de estos libros, hay fallos en su proceso de creación. Contrario a lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de Educación, los libros se desarrollaron sin contar con programas de estudio aprobados ni publicados. Igualmente, el proceso de consulta de estos libros ha sido opaco. La documentación de la consulta ha sido resguardada por la SEP hasta el 2028 con el argumento de que hacerla pública podría afectar procesos en marcha o vulnerar datos personales, lo que solo contribuye a alimentar la desconfianza. Las principales afectadas por estas omisiones en los procesos son las docentes, quienes no han sido consultadas ni capacitadas en este nuevo proceso educativo. Apenas el 17 de agosto, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Anaya, declaró que esta información sería desclasificada, aunque descartó hacer esfuerzos de transparencia proactiva por publicarlos en un micrositio.
Este choque de visiones de nación abre una discusión sobre el monopolio de la Secretaría de Educación federal en cuanto a los planes y programas de estudio. ¿Resulta ideal que el contenido educativo para todo el país quede a voluntad de la administración en turno? Los libros de texto no deben ser un simple proyecto partidista. Deben ser un proyecto de Estado, lo que implica incluir a distintas fuerzas políticas y sociales, así como sujetarse a la posibilidad de discusión científica y al debate. Sin duda hay formas de disminuir este poder monopólico. Los cambios curriculares podrían diseñarse en un órgano con autonomía técnica y podrían estar sujetos a aprobación del Congreso.
Estos libros, más allá de ser simples herramientas pedagógicas, se han convertido en el epicentro de una discusión sobre los valores y el futuro del país. Mientras que la educación debe ser un medio para fortalecer la identidad nacional y promover la movilidad social, también debe garantizar que los estudiantes estén preparados para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Es imperativo que el diseño y contenido de estos libros se realice con transparencia, inclusión y un enfoque en el bienestar a largo plazo del país, más allá de las ideologías de turno. La educación, como pilar fundamental de cualquier sociedad, debe ser tratada con el cuidado, la prudencia y la visión que merece.
POR SEBASTIÁN GUEVARA
