Morena ha redactado un Proyecto de Nación 2024-2030 en el que se incluyen propuestas como:
“Obligar a los partidos políticos a operar principalmente con aportaciones de sus militantes y simpatizantes”, “establecer la revocación de mandato en todos los niveles de gobierno y extenderla a los poderes Judicial y Legislativo”, “la extinción, readecuación o relocalización constitucional de organismos autónomos o descentralizados” y “ampliar el ámbito de empleo de las Fuerzas Armadas por parte del Ejecutivo federal para el desarrollo nacional y el bienestar de la población”. Más aquí.
Antes de que se conocieran detalles de ese texto, la virtual candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, declaró en una entrevista televisiva que lo tomarían como “el inicio o borrador de un proyecto, lo vamos a recibir y lo vamos enriquecer” para “presentarlo a la ciudadanía en el momento adecuado” como “las líneas de lo que significa lo que yo llamo el segundo piso de la transformación”.
Va ser muy interesante contrastar, ya con Sheinbaum al mando de la candidatura, lo que queda, lo que se profundiza, lo que se quita y lo que se agrega al Proyecto de Nación que le entregó su partido. Ahora bien, no va a ser, para nada, la primera vez que ella haga un Proyecto de Nación.
En noviembre de 2017, el 20 para ser exactos, en el Auditorio Nacional Andrés Manuel López Obrador presidió la presentación del Proyecto de Nación 2018-2024. El tabasqueño, enfilado a la campaña que le hizo presidente, estuvo flanqueado ese día por Alfonso Romo y por Sheinbaum.
Ella ocupó tan destacado lugar en el presídium no sólo por su cercanía con AMLO, tampoco para placearla como precandidata que era a la Ciudad de México; estuvo en un lugar de honor además por ser una de las cuatro personas encargadas de las áreas temáticas del proyecto que ese día se presentaba.
En el documento se expone de saque que es producto de un grupo de personas donde “la mayoría” carecía “de filiación partidista” y “es representativo de las diferentes corrientes y tendencias del pensamiento político, social y económico de México”.
A Claudia en concreto le correspondió la “Comisión de Política y Gobierno”, que trabajó estos nada menores rubros: Rescate del Estado-justicia, Seguridad, Política exterior, Migración y Combate a la corrupción.
Dicho de otra forma: la ciudadanía ya cuenta con un documento que ella redactó, así fuera para el entonces aspirante López Obrador, sobre lo que había que hacer con México y sus instituciones. ¿Qué decía ese texto?
Cito muy apretadamente enunciados y propuestas de 2017 para un gobierno federal con “una vocación democrática. Nunca incurrirá en imposiciones y respetará la división de los poderes Legislativo y Judicial”.
“Se revisarán todas las instancias relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas del gobierno federal (incluyendo órganos autónomos) con la finalidad de rediseñar la administración pública federal, no sólo para evitar la duplicidad de funciones, sino para lograr mayor contundencia en la información transparentada”.
“Modificar o reformar las estructuras del Poder Judicial, cualquiera que sea su nivel (federal o local), repercute directamente en las personas que enfrentan un litigio, sometiéndolas a retrasos en sus juicios. Sin embargo, la magnitud de los presupuestos asignados, en términos de una austeridad republicana, y la importancia de la tarea jurisdiccional, ameritan una revisión a esas estructuras institucionales. Se convocaría a las universidades, colegios de profesionistas, a los jueces y magistrados, y a la sociedad, en general, a discutir en torno a por lo menos tres temas importantes:
1. Suprimir el Consejo de la Judicatura Federal y crear, en su lugar, una sala más dentro de la Suprema Corte, totalmente dedicada a las funciones del consejo. Esto con el objetivo de generar ahorros administrativos y, al mismo tiempo, evitar injerencias de los otros dos poderes (el Ejecutivo y el Legislativo) sobre el Judicial.
2. Revisar los exámenes de oposición para la obtención de las plazas de jueces de distrito y magistrados de circuito pues, a veces, quienes obtienen esas plazas lo hacen litigando los resultados de dichos exámenes, sin contar con experiencia para dirigir un órgano jurisdiccional.
3. Rediseñar el sistema de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Existen algunas propuestas al respecto: 1) que no sean nombrados sino elegidos a través del voto popular, previa propuesta de las universidades y academias; 2) que se elimine el sistema de ternas y, en su lugar, sea una propuesta unipersonal por parte del Ejecutivo (para evitar el desprestigio de los otros candidatos de la terna y porque la elección de uno solo, de esos tres, deriva de arreglos partidistas)”.
Reformar el Poder Judicial fue tema en 2017, y seis años después es el primer punto del borrador que recibió Sheinbaum. Veremos qué redacción queda.
POR SALVADOR CAMARENA
