La compleja historia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción entró en una nueva etapa.
Ayer, Irving Barrios oficializó el nombramiento de los dos vicefiscales que en los hechos, asumirán las facultades que tenía el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, respuesta en el cargo por orden de un juez federal.
Así, regresará a esa oficina el abogado Jesús Eduardo Govea Orozco, quien tendrá a su cargo la Vicefiscalía Especializada en la Investigación de Hechos en Materia de Corrupción.
Mientras que la otra Vicefiscalía, la de Procesos Penales de Hechos en Materia de Corrupción, será ocupada por Federico González Scott, quien ya fue delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas.
La estrategia legislativa y jurídica empleada por la bancada de Morena, luego de que se ordenara el regreso de Ramírez Castañeda a su cargo, es harto ambiciosa y seguramente también será discutida en tribunales.
Pero por lo pronto, el Fiscal General del Estado, Irving Barrios, cumplió con lo que mandata el Acuerdo 65-677 aprobado la semana pasada en el Pleno del Congreso y puso a disposición de la 4T las dos posiciones claves para el desarrollo de ese organismo autónomo.
Queda claro que ni Jesús Govea, ni Federico González Scott cederían a eventuales presiones del Fiscal Anticorrupción o del grupo al que representa.
Ambos tendrán manga ancha para llevar ante la justicia los expedientes que resulten de las denuncias interpuestas por la anterior administración, porque así lo indican las reformas realizadas a la Ley de la Fiscalía General de Justicia.
Tienen las facultades y seguramente las van a ejercer.
En la víspera de un proceso electoral fundamental para el futuro del proyecto político morenista en Tamaulipas, hacerse del control de la institución encargada de combatir la corrupción es oxígeno puro para su causa.
Muy pronto, habrá elementos para calificar la actuación de los dos nuevos vicefiscales.
Cuidado con la naturaleza
Tras ver la devastación causada por el huracán Otis en Guerrero, es inevitable reflexionar sobre lo que ocurriría en Tamaulipas ante el embate de un fenómeno meteorológico de esa magnitud.
Urge tomar en cuenta esas consideraciones para la planeación a futuro de las políticas públicas en materia de medio ambiente.
En el sur, por ejemplo, hay que poner manos a la obra para reparar de manera urgente el cordón litoral en Altamira.
Pero también habría que repensar seriamente la regulación de construcciones en la playa, en zonas inundables o donde existan riesgos de deslave.
Además de gestionar los recursos para realizar las obras antiinundaciones que se requieren en la zona conurbada, en la capital del estado, y en los municipios de la frontera.
No es fácil y se necesitan muchos recursos y mucha voluntad política, pero a la distancia, la tragedia de Acapulco nos enseñó lo costosa que puede ser la falta de prevención.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
