CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Este 30 de octubre de 2023, después de más de dos años de suspensiones y retrasos, el juez unitario de enjuiciamiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, Patricio Lugo, sentenció a 11 policías estatales mexicanos a cumplir 50 años de prisión por su participación en la masacre que cobró la vida de 19 personas el 22 de enero de 2021.
Entre los fallecidos, 16 provenían de Guatemala, uno de El Salvador y dos de México. Según información de la fiscalía, dos de ellos eran personas encargadas de llevar a los migrantes a territorio estadounidense.
Para el sistema de justicia mexicano lograr este fallo fue posible debido a que uno de los policías que participó en los hechos, Ismael Vázquez, se acogió al criterio de oportunidad y confesó lo sucedido ese día. Por su colaboración en el caso, fue el único condenado a 19 años.
Presentaron más de 60 testimonios y pruebas documentales para demostrar la culpabilidad de los 12 sindicados. Las acusaciones fueron: 11 señalados de homicidio calificado, los 12 de abuso de autoridad —delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas— y uno por el delito de informes falsos dados a una autoridad.
Tanto para México como para Guatemala, esta sentencia es emblemática e histórica pues se trata de la primera condena a elementos del Estado por una masacre de migrantes.
Desde Guatemala, el abogado de la Red Jesuita con Migrantes (RJM), Ángel Escalante, ha acompañado y asesorado legalmente a las familias de los 16 guatemaltecos fallecidos, en conjunto con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, con sede en México. Según explica, luego del fallo condenatorio el juez escuchó el testimonio de las familias de las víctimas para determinar los detalles de la condena, así como las medidas de reparación que el Estado vecino deberá tomar en favor de las familias afectadas.
Una tragedia, hace dos años
María Marcelina Mauricio, madre de Anderson Marco Antulio Pablo, recuerda que sintió que le «arrancaron el alma» el día que confirmó que su hijo era una de las víctimas fallecidas en la tragedia de Camargo. Para entonces estaba embarazada de su hija menor. Sin embargo, el impacto de la noticia tuvo repercusiones en su estado físico y emocional, al punto de afectar también a la bebé.
La niña, le dijeron los médicos, no viviría mucho tiempo. «Sentí que mi vida ya no tenía sentido sin él, pero gracias a Dios a estas alturas sigo con vida. Es muy duro, muy doloroso poder explicar lo que sentimos, lo que hemos vivido durante todo este tiempo», recuerda ahora, más de dos años después de aquel acontecimiento.
Anderson Marco Antulio tenía 16 años cuando emprendió el arriesgado viaje a Estados Unidos. Al igual que otras 15 personas guatemaltecas. En su mayoría no mayores de 35 años, hombres y mujeres jóvenes. Doce de ellos eran originarios de Comitancillo, dos más de municipios cercanos en San Marcos y otros dos provenían de Granados, Baja Verapaz.
Ante la falta de orientación y la necesidad de apoyo, los padres y familiares de los fallecidos pidieron la ayuda de la RJM, una organización que brinda apoyo a personas en tránsito y que además de este caso brinda acompañamiento a más familias de migrantes guatemaltecos que han fallecido en condiciones inhumanas. Por ejemplo, la ocasión en que murieron más de 50 personas encerradas en un furgón que fue abandonado en Texas, o en el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez.
Lo primero que las familias les pidieron, recuerda José Luis González, el sacerdote jesuita coordinador de la Red, fue una oración. «Marco Antulio Pablo nos llamó para ver si lo podíamos apoyar a él y demás familias. Le dijimos que sí y además le pedimos confirmar si se trata de sus hijos ¿Por qué están ustedes tan seguros de que son ellos? Después supimos por qué», relata.
Tanto Marco Antulio como otros de los familiares habían estado en comunicación con sus hijos, hermanos, padres que iban rumbo a Estados Unidos. Algunos recibieron llamadas y audios minutos antes de lo ocurrido. Eran mensajes que relataban lo que estaba sucediendo, cómo fueron atacados a balazos y cómo habían sido perseguidos, algunos de ellos se comunicaron mientras se ocultaban en matorrales.
El proceso judicial que se lleva a cabo desde Tamaulipas, México, confirma que, a groso modo, lo que ocurrió ese día fue que el grupo de migrantes que viajaba en una camioneta fue perseguido por policías, quienes dispararon contra ellos más de cien veces y posteriormente quemaron los cuerpos.
Luego volvieron al lugar para recoger los casquillos e intentar alterar la escena. Para sustentar esta cronología, se escucharon y tomaron en cuenta distintos medios de prueba. Los dispositivos móviles de los policías, por citar un ejemplo, demostraron mediante el sistema GPS que todos estaban presentes en el lugar de la tragedia en el momento en que las víctimas murieron.
Aunque se conocen los hechos de aquel día, lo que aún se desconoce es la razón que motivó a los policías a actuar de esa forma. En la Fiscalía de Tamaulipas existe una investigación abierta en contra de los autores intelectuales; sin embargo, aún no hay mayores detalles de este caso.
Olvidados por el Estado
Comitancillo es uno de los municipios del país en donde las estadísticas y condiciones de vida arrojan la conclusión de que allá, a 250 km de la capital, el Estado no ha invertido nunca.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el área rural del municipio nueve de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza. Además, el municipio presenta el Índice de Desarrollo Humano más bajo de todo el departamento de San Marcos.
Las tierras son montañosas y en ellas se cultivan alimentos como frijoles, maíz, durazno, manzana, entre otros. Pero más allá de eso, las alternativas económicas son limitadas.
Por ejemplo, cuenta González, desde hace muchos años las comunidades han pedido un instituto para que por medio de carreras técnicas los jóvenes puedan desarrollar habilidades y trabajar en su lugar de origen. Sin embargo, sus peticiones no son atendidas y más allá del trabajo de campo, no hay muchas oportunidades de desarrollo.
«La masacre no frenó la migración de Comitancillo. Casi todas las familias de las víctimas tienen hermanos que en estos dos años y medio, a pesar de la tristeza que les provocaba a sus papás y mamás y el miedo de que pudiera pasar otra cosa parecida, han viajado y ya están allá en Estados Unidos, han logrado pasar», explica el sacerdote jesuita, con la propiedad de quien durante más de dos años ha estado de cerca de las 16 familias de los migrantes asesinados.
Una de las madres que lloró la muerte de su hijo en Camargo emprendió la misma travesía dos años después de lo ocurrido. La migración en los últimos años, dice González, ha sido salvaje y la masacre no la ha detenido.
En Comitancillo las familias tienen al menos seis miembros. Y la mayoría de personas solamente alcanza cinco años de escolaridad, según datos oficiales.
En la lista de las víctimas de la tragedia en Camargo, la mayoría eran pobladores de Comitancillo. Cuatro de ellos provenían de los municipios de Catarina y Concepción Tutuapa, San Marcos; y Granados, Baja Verapaz. Lugares similares en cuanto a limitaciones de desarrollo.
Otilia Agustín Pérez, psicóloga de la RJM, se acercó a las familias de los fallecidos para acompañarlos en su proceso de duelo y observó las implicaciones emocionales en ellas, fruto de la falta de oportunidades de crecimiento en esa región.
«Vemos que los papás manejan mucha culpabilidad por haberles dado permiso o por no tener las condiciones económicas para poderlos apoyar en sus estudios o en algún emprendimiento, por ejemplo. Entonces es la realidad, no solo de Comitancillo sino de otros lugares», explica.
La tendencia en los jóvenes de Comitancillo, así como de otros lugares del país, es que parte primordial de sus proyectos de vida radica en migrar para poder ayudar económicamente a sus familias. Este deseo se incrementa cuando se dan cuenta de lo mucho que mejora la vida de sus vecinos o familiares que ya han migrado.
Sin embargo, el sueño no solo se limita a tener bienes materiales sino al deseo de vivir en condiciones dignas y tener acceso a servicios básicos como la salud. Santa Cristina García Pérez, por ejemplo, de 20 años, fue una de las víctimas en Camargo y su principal motivación para dejar Guatemala era buscar un trabajo con el cual poder costear una operación para corregir el labio leporino de su hermana menor.
Detrás de estos proyectos truncados, opina González, existe una gran responsabilidad del Estado por no garantizar que existan condiciones para un desarrollo adecuado.
Por Kimberly Rocío López
Con información de Perla Reséndez
Con colaboración de: Border Hub
Edición: Eswin Quiñónez
