En México, la informalidad laboral es una sombra persistente que arroja una larga penumbra sobre la economía y la calidad de vida de millones de trabajadores. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan una cifra escalofriante: aproximadamente el 56% de la población económicamente activa se encuentra atrapada en el flagelo de la informalidad laboral. Esta estadística, por sí sola, debería suscitar una seria reflexión.
En Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, se ha alzado la voz en repetidas ocasiones respecto a la informalidad laboral. Sus análisis y declaraciones han destacado la gravedad del problema, poniendo de manifiesto sus efectos nocivos en la economía del país. Coparmex ha señalado que la informalidad no solo priva a los trabajadores de sus derechos laborales, sino que también mina el crecimiento económico y disminuye la recaudación fiscal, lo que afecta la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales.
Pero, ¿por qué persiste la informalidad? La formalización laboral en México se enfrenta a obstáculos significativos. Los trámites burocráticos y la complejidad fiscal ahuyentan a muchas pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia, quienes a menudo consideran que la informalidad es una opción más atractiva. El proceso de cumplir con las regulaciones laborales y fiscales puede resultar desalentador y costoso.
Para combatir la informalidad laboral, se requieren soluciones audaces. Una posible vía es simplificar el proceso de formalización. Esto podría implicar la reducción de la carga fiscal inicial para las empresas y la implementación de programas de capacitación para orientar a los trabajadores en sus responsabilidades fiscales.
En un contexto más amplio, México enfrenta un desafío adicional en términos de remuneración fiscal. La carga tributaria en México, en comparación con su Producto Interno Bruto (PIB), es notablemente baja en comparación con los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también limita la capacidad del Estado para financiar programas sociales y servicios públicos de calidad.
La informalidad laboral en México no es un problema que se pueda resolver de un día para otro, pero es crucial abordarlo. La formalización del empleo no solo beneficiará a los trabajadores, garantizando sus derechos y prestaciones, sino que también fortalecerá la economía y mejorará la calidad de vida en el país. Abordar la informalidad debe ser una prioridad nacional que involucre al gobierno, a las empresas y a la sociedad en su conjunto. La tarea es difícil, pero no podemos permitirnos seguir postergándola.
POR MARIO FLORES PEDRAZA
