El 15 de marzo de 1967, tras una huelga de 21 días, una extenuante caminata de Tampico a ciudad Victoria en la que murieron dos estudiantes de la Facultad de Derecho de la UAT, un movimiento estudiantil consiguió la autonomía de la Universidad de Tamaulipas.
Como resultado de la promulgación de los decretos 145 y 146 emitidos por el Congreso del Estado la máxima casa de estudios se independizó jurídicamente del gobierno tamaulipeco,
aunque fue hasta 1972 cuando los decretos 33 y 34 le otorgaron la facultad de autogobierno.
Fue un logro, sin embargo, a medias.
Teórica y legalmente la Asamblea General de la Universidad tamaulipeco tiene desde entonces la atribución de expedir su propio estatuto orgánico, reformarlo y adicionarlo y elegir a las autoridades universitarias, entre ellas el titular de la rectoría, en la práctica, sin embargo, ocurre algo muy distinto.
A excepción del contador Federico Guillermo Lugo Molina, el primer y único rector que fue elegido por los integrantes de la comunidad universitaria, los sucesores de este, desde Isaac Sánchez Garza a Dámaso Anaya Alvarado, han sido impuestos desde el palacio de gobierno del Estado.
Mendoza, como su antecesor José Andrés Suárez, fue designado rector por el gobernador García Cabeza de Vaca para que dirigiera la universidad de 2022-2025, que el profesionista no pudo concluir porque fue obligado a renunciar, aparentemente, por un supuesto desfalco millonario.
La elección de Dámaso Anaya, que se desempeñaba como secretario de Desarrollo Rural del gobierno de Américo Villarreal, evidencia que todo sigue y seguirá igual.
Mientras tanto, autoridades políticas estatales deberían al menos escoger a los rectores por sus méritos educativos no por los del compadrazgo, así se evitaría que llegaran al cargo elementos como Humberto Filizola Haces, cuya mayor hazaña, además de haber permanecido 12 años en el cargo, fue jugar un partido de futbol de primera división que el equipo de Correcaminos sostuvo con el América en 1992.
Aunque, según la denuncia penal que el diputado Luis Alonso Mejía García interpuso en su contra el 2001 por un presunto desvío de 161 millones de pesos, parece que su principal habilidad no era el balompié, sino el irregular manejo de los recursos económicos del centro de enseñanza.
Desafortunadamente, como es habitual en estos casos, el acusado logró evadir la acción de la justicia
La UAT, es del dominio público, se ha convertido en un botín político que eleva las cuentas bancarias de unos cuantos, pero no la calidad académica de la institución.
Durante décadas el alma mater de Tamaulipas fue una universidad priista, pero del 2016 al 2022 cambio los colores del del PRI por los albiazules del PAN. Ahora todo indica que portará los de la casaca guinda de la 4T.
POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ
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