Eso de que la venganza no es mi fuerte es otra de las grandes mentiras del presidente López Obrador. De una u otra manera se ha vengado de muchos sectores o parte de ellos: integrantes de órganos autónomos y reguladores, empresarios, medios, comunicadores, opinadores y organizaciones de la sociedad civil. Cuando menos.
El más importante de los blancos de su venganza ha sido la Suprema Corte y la mayoría de sus integrantes. Todas las venganzas provenientes del poder son graves, pero más lo son cuando se trata de uno de los Poderes que está llamado a impedir las violaciones a la Constitución.
Es crucial que no quitemos el dedo del renglón sobre la importancia de la SCJN en momentos en los que, literalmente, está en juego la división de Poderes. Gracias a la Corte, sobre todo a partir de que asumió el cargo de presidenta la ministra Norma Piña, un conjunto de leyes regresivas aprobadas por la mayoría legislativa y otro conjunto de decretos emitidos por el Ejecutivo han sido frenados. Dos ejemplos. Frenó ni más ni menos dos iniciativas que desmantelaban el Instituto Nacional Electoral y modificaban normas que regulan la competencia en favor del partido oficial. Detuvo, también, los decretos por los que a los ciudadanos nos quitaban el derecho a la información al clasificar todas las obras de infraestructura del gobierno como de interés público y seguridad nacional. Con ello, la posibilidad de vigilar el uso de recursos públicos.
La venganza en contra de la SCJN es por el único motivo de que ha actuado con independencia y con el único propósito de deshacerse de un contrapeso más. Ha sido inclemente y aparece en todos los frentes.
En el financiero, con recortes del presupuesto año con año y que para 2024 ya suman 27% si lo comparamos con 2018. Por si fuera poco, el Presidente ordenó a sus legisladores que desaparecieran 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial que suman 15 mil millones de pesos si descontamos el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia que fue “respetado”.
Esta última decisión ha sido objeto de diversos amparos que ya han sido ganados y acciones de inconstitucionalidad que están por resolverse. Previendo la acción de inconstitucionalidad, la Consejería Jurídica trato de descarrilarla argumentando que el ministro Javier Laynez estaba impedido porque se afectaría la objetividad del proyecto y la votación. La Corte resolvió por unanimidad que no estaba impedido y, además, que “los impedimentos son improcedentes cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales”.
En el plano informativo —si es que alguna credibilidad mantiene su conferencia matutina— se ha dedicado a denostar a la Corte, a sus ministros y, en particular a su presidenta. La des-información aflora por todas partes. Desde el monto de sus salarios hasta decir que lo único que hace es servir a intereses particulares. Les concede que, a veces, “hacen derecho” pero nunca justicia.
El peor de los intentos para inhabilitar a la SCJN como contrapeso ha sido la tentativa de captura abierta y descarada. “Me equivoqué porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”. No hay para dónde hacerse. Esta frase es muy reveladora del nulo valor que le da al Estado de derecho y, manifiesta su concepción patrimonialista del poder. No quiere ministros leales a la Constitución, sino a su persona.
No conforme con los nombramientos que le “tocaban”, hace unas semanas “acordó” —por decirlo de alguna manera— la salida anticipada de Arturo Zaldívar para asegurar una ministra leal por los próximos 15 años. Tiene todas las de ganar. Basta proponer dos ternas y si se las rechazan queda libre para nombrar a quien él decida. Al término de su sexenio habrá nombrado a cinco ministros.
Lo que tiene que impedirse es que gane el último round porque, de salirse con la suya, estaremos frente a la debacle democrática. Se trata del frente legal a través del cual se modificaría el método de nombramiento de los ministros de la Corte para que los integrantes de la Corte se elijan por el voto popular. De qué tamaño será el despropósito que hasta la ministra Loretta Ortiz, a quien suponía incondicional, admitió en su intervención en la FIL de Guadalajara que: “No podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular”. Y, platicó una anécdota en la que un juez en Texas dijo que había votado por la sentencia de muerte a un mexicano porque eso le daba popularidad y le permitía ascender en su carrera popular. Remató: “No lo podemos permitir”.
Para fortuna de la democracia, al Presidente no se le ocurrió tal barbaridad en su primer trienio que tenía mayoría calificada. Está muy confiado en que en las próximas elecciones la obtendrá. Yo insisto, la moneda está en el aire tanto para la elección del Congreso como para la del Ejecutivo.
POR MARÍA AMPARO CASAR
