CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Por su presunta participación en el Delito de Operación con Recursos de Procedencia lícita, a través de una red de empresas fachadas y factureras establecidas en el vecino Estado de Nuevo León, la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, mantienen una investigación en contra del Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas Raúl Ramírez Castañeda, familiares y socios.
Desde el pasado 7 de diciembre del presente año, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado presentó una querella en contra del Fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda, Levi Ramírez Casteñeda y otros, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, ejercicio ilícito del Servicio Público, Delincuencia Organizada y Enriquecimiento Ilícito.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas a cargo de Raúl Hernández Chavarría recibió copia de la denuncia presentada ante el Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para que se le dé seguimiento al caso.
Lo que puso al descubierto la red de corrupción que impera en el entorno de Ramírez Castañeda, sus familiares y socios cercanos, fue un contrato de más de 9 millones de pesos, celebrado entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca con una empresa fachada con domicilio en Nuevo León, en la época en que el Fiscal fungía como Titular de la UIFE y en él que intervino directamente para el otorgamiento del contrato.
La investigación llevó a establecer la relación que existe entre la empresa contratada por el Gobierno de Tamaulipas con el despacho “Ramírez Castañeda & Abogados”, S.C., establecido en San Pedro Garza García Nuevo León, así como de con diversas empresas que se presumen fachadas.
Mediante el millonario contrato se contrataron servicios para la UIFE lo cuales nunca cumplieron, por lo que las autoridades tratan de averiguar el destino final del dinero y las operaciones existentes con esas empresas radicadas en Nuevo León.
POR STAFF
EXPRESO – LA RAZÓN
