El secuestro de migrantes no es una práctica privativa de Tamaulipas, pues durante décadas se ha cometido en todo el territorio nacional, aunque fue a partir del 2008 cuando se empezaron a documentar los sucesos que, en un principio, parecían ser esporádicos o circunstanciales. Pero la investigación arrojó que en su mayoría fueron fraguados por malandrines en connivencia con autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).
Primero para extorsionarlos; luego para usarlos como ‘carne de cañón’ en acontecimientos cruentos como la disputa de los grupos delincuenciales por el dominio de territorios y el enfrentamiento con las fuerzas federales al iniciar la guerra contra el crimen organizado.
Diversos organismos, defensores de los derechos humanos alzaron su voz en el 2010, denunciando el incremento de secuestros de migrantes a lo largo de la ruta que atraviesa el territorio nacional –ésta inicia en la frontera sur y termina en Río Bravo–, sin que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el entonces presidente de México, diseñara (aún) una estrategia para diezmar esos acontecimientos.
En agosto 22 de ese mismo año, en el ejido El Huizachal, municipio de San Fernando (Tamaulipas), fueron masacrados 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres sudamericanos), presuntamente por un grupo criminal, que es aún considerado el magnicidio más atroz en la historia de las ejecuciones a migrantes que persiguen ‘the american dream’ (el sueño americano), al huir de sus países de origen, bajo circunstancias diversas, aunque coincidiendo en su búsqueda de un mejor futuro.
Transcurrieron 12 años para que el Gobierno federal diera una opinión sobre ese magnicidio; y en 2022 la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, dijo que hubo 18 detenidos que forman parte del cartel de ‘Los Zetas’.
Lo cierto es que, desde entonces, las denuncias por los secuestros de migrantes se han multiplicado en todo el país. Como podría observarse, en las redes sociales, que refieren situaciones iguales a lo largo de la ruta que transitan quienes buscan una mejor calidad de vida.
Bajo este entendido, no hay por qué magnificar los acontecimientos de Tamaulipas, registrados recientemente –aun cuando sean deplorables–, ni, menos, politizarlos en detrimento del gobierno estatal, porque:
a) La presencia de los extranjeros en territorio nacional, es asunto que, legalmente, sólo corresponde atenderlo a la Secretaría de Gobernación. Es decir, a Luisa María Alcalde Luján, a través del (INM) –Instituto Nacional de Migración–, que dirige Francisco Garduño Yáñez;
b) La seguridad de los migrantes como de todos los mexicanos, toca a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana –a cargo de Rosa Icela Rodríguez Velázquez–, que bajo su mando cuenta con la Guardia Nacional que integran militares, marinos y un grupo especializado en investigación; y
c) La persecución del delito, le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), por ser asunto federal.
Así que la politización del tema a nada bueno conduce.
Pero se aprovecha para sacar raja en tiempos electorales.
Lo más lamentable del caso es que el secuestro ocurrido en diciembre 30 del 2023 en la carretera Reynosa-Matamoros se haya manoseado tanto en el ámbito federal. Lo confirman las declaraciones de las dos secretarias, tras la liberación de los rehenes venezolanos (26) y hondureños (6) porque ambas afirmaron que ‘fue un rescate por parte de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas’, cuando en realidad ningún uniformado intervino. Ni hubo operativo de rescate, pues las víctimas aparecieron en un estacionamiento de un centro comercial.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los captores decidieron liberar a los rehenes por cuenta propia, merced a la presión mediática y al cerco policial desplegado en la zona fronteriza, pues, lo que querían los secuestradores, era extorsionar a los familiares de los 32 migrantes, quienes viven en la Unión Americana.
No obstante, ningún planteamiento para diseñar la nueva estrategia de migración ha sido ventilado, pese a que el problema avanza y le provoca al país distracciones en materia de seguridad pública; y causa a las entidades fronterizas dificultades para atenderlos.
La responsabilidad, es federal, hay que reconocerlo, pues el asunto de migrantes tocas atenderlo en principio al INM (dependiente de la Secretaría de Gobernación); en parte, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por ser la dependencia encargada de expedir las visas; y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por tener la obligación de garantizarles seguridad a cuantas personas transitan en territorio nacional.
Sin embargo, unas y otras han fallado.
Ya ve usted cuántos casos de secuestros de migrantes han ocurrido a lo largo de los últimos años, entre las entidades que asoman entre los ríos Suchiate y Bravo.
Por eso, insisto, querer hacer perro del mal a Tamaulipas, es un yerro político.
Cicuta
No hay fecha definida, aún, para que Movimiento Regeneración Nacional (morena) publique la lista de sus candidatos senatoriales y a la Cámara de Diputados, por lo que corresponde a Tamaulipas.
¿Será hoy, mañana, días después…?
Lo cierto es que una vez revelado el rol reiniciará el reacomodo de sus tribus.
Así le gusta jugar a Mario Martín Delgado Carrillo quien, por cierto, fue enfrentado hasta con mentadas hace días por sus paisanos de Colima, por estar inconformes con las imposiciones.
POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA
Correo: jusam_gg@hotmail.com
