La batería de reformas enviadas por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, proponen una modificación radical del sistema de organización democrático y del Poder Judicial en México. Aunque difícilmente serán aprobadas, pues requieren de la mayoría calificada que no tienen Morena y aliados en ninguna de las dos cámaras, las propuestas del Ejecutivo han vuelto a abrir un debate sobre temas de gobernanza que tendrían afectaciones en la esfera de las entidades federativas.
La reforma que más expectativas había causado desde hace meses es la del Poder Judicial, que se centra en la reducción del aparato de justicia, pero sobre todo, en la manera en la que serán elegidos los jueces, magistrados y ministros federales del país.
La propuesta del presidente, respaldada por los principales actores políticos de la 4T y rechazada por casi toda la oposición, implicaría la realización de procesos electorales con voto ciudadano para seleccionar a más de 1,600 integrantes del Poder Judicial.
En Tamaulipas, por ejemplo, serían 49 las posiciones que estarían en disputa en las urnas. De aprobarse la reforma tal como se plantea, los actuales jueces y magistrados deberían dejar su cargo para que en junio de 2025 se lleve a cabo esta “elección judicial”, en la cual tendrían derecho a participar.
El Poder Judicial Federal cuenta en Tamaulipas con 49 titulares de juzgados y Tribunales. Se cuenta con tres tribunales colegiados en materias penal y del trabajo, dos en Victoria y uno en Tampico; dos tribunales colegiados en materias administrativa y civil, ubicados en Victoria. Un tribunal colegiado de apelación con residencia en el municipio de Matamoros, dos tribunales colegiados del décimonoveno circuito ubicados en Reynosa. Hay dos centros de justicia penal federal, uno en Victoria y otro en Reynosa; ambos con tres jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio. cinco tribunales laborales federales de asuntos individuales (2 en Reynosa, 2 en Tampico y uno en Victoria). En cuanto a los juzgados de distrito, son 14 y se ubican en Matamoros (4), Victoria (4), Nuevo Laredo (1), Reynosa (2), Tampico (2) y Ciudad Madero que opera con una sede judicial.
Los Juzgados primero, segundo y tercero de distrito de procesos penales están ubicados en Matamoros; un juzgado de distrito en materia de amparo y juicios federales también en Matamoros.
Los juzgados primero, segundo, décimo primero y décimo segundo se ubican en el municipio de Victoria; el juzgado tercero de distrito tiene su sede en Nuevo Laredo; los juzgados séptimo y octavo de distrito operan en Reynosa.
En tanto el juzgado noveno y el décimo de distrito tienen su sede en Tampico, mientras que el décimo tercero de distrito tiene su asiento en el municipio de Ciudad Madero.
Toda esta estructura, a partir de ahora, sería elegida por el voto popular. El salario de un juez/jueza de distrito de acuerdo al tabulador aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero del 2023 tiene un tope máximo de 139,161 pesos mensuales, mientras que el aguinaldo, prima vacacional, pago de riesgo puede ser de máximo 261,648 pesos.
De acuerdo a la propuesta del presidente López Obrador, previo a la elección de los jueces y magistrados, “el órgano de administración judicial deberá remitir oportunamente un listado que contendrá el número total de vacantes a cubrir, la materia de especialidad del Tribunal de Circuito o del Juzgado de Distrito vinculada a la vacante y el circuito judicial al que estén adscritos”.
Después, cada poder de la unión propondrá al órgano electoral hasta dos personas por cada cargo a elegir.
El Poder Ejecutivo lo hará por conducto del Presidente de la República; el Poder Legislativo postulará a una persona por cada Cámara, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con mayoría de seis votos.
De acuerdo a este procedimiento, al concluir la jornada electoral, el organismo público electoral realizará el escrutinio y cómputo de los votos y los comunicará de inmediato al Senado de la República para que este realice y publique la suma, y remita sus resultados a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación para que resuelva las impugnaciones, califique el proceso y declare sus resultados.
Esta declaratoria deberá hacerse antes de la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas electas tomarán protesta de su encargo ante el Senado de la República, es decir, conforme al artículo 65 constitucional, la toma de protesta se realizará el 1° de septiembre del año en que se realice la elección.
Los nuevos magistrados de circuito y jueces federales podrán durar en su encargo nueve años, con la posibilidad de reelegirse uno o varios periodos adicionales.
En lo general, la iniciativa propone que se sometan a elección popular los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrados del Tribunal Electoral federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. Se plantea también una reforma al CJF, el órgano encargado de la administración de la judicatura y de la vigilancia de la actuación de los jueces, a excepción de los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del Tribunal Electoral.
En su lugar, se crearía un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para sancionar a todos los miembros de la judicatura, incluidos los ministros.
Además, se llevaría a la Constitución la obligación para que todos los jueces federales, incluidos los magistrados y ministros de la Corte, ajusten sus sueldos para no ganar más que lo que ingresa el presidente de la República. También se establece que los jueces salientes no podrán, durante los dos años siguientes, litigar asuntos ante el Poder Judicial.
VA DE NUEVO REFORMA ELECTORAL
El paquete de iniciativas enviadas por el Presidente incluye una nueva versión de la reforma electoral presentada por el Ejecutivo originalmente en el 2022, y rechazada por la oposición en el Congreso.
El documento retoma muchas de aquellas propuestas como la eliminación del INE para dar paso al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), y la supresión de todos los organismos electorales estatales, en este caso el Instituto Electoral de Tamaulipas.
Además, una vez más, plantea la reducción del número de senadores, diputados -federales y locales- e integrantes de los Ayuntamientos. En suma, la propuesta del presidente, se centra en reducir el costo de las elecciones.
Para ello, estipula que el INEC sería la única autoridad administrativa electoral del país, sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), con lo que organizaría la totalidad de los procesos electorales de la República, a nivel nacional, estatal y municipal.
También desaparecería el Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM), pues la iniciativa contempla que sea el Poder Judicial de la Federación el que resuelva todos los asuntos que se deriven de los procesos electorales. “Además del gigantismo de los órganos electorales locales, hay que agregar la irrelevancia de los tribunales locales en materia electoral que, como primera instancia, no brindan certeza a los procesos electorales.
El Poder Judicial de la Federación resuelve en definitiva casi cualquier acto impugnado de las elecciones locales. Por eso, se propone que el TEPJF absorba las controversias electorales locales del país”, señala la nueva iniciativa de reforma electoral.
De igual manera, se plantea que los integrantes del INEC y del Tribunal Electoral, sean elegidos mediante el voto de la población, para lo cual se desarrollará un periodo de campañas.
Para ello, cada uno de los Poderes de la Unión postulará a 20 personas de manera paritaria para el Consejo General del INEC (que serán siete) y 10 para el Tribunal Electoral (serán siete) que durarán seis años en sus cargos. Después la Cámara de Diputados emitirá la convocatoria para la jornada electiva de las personas titulares de las consejerías electorales del INEC; y el Senado, la de las magistraturas.
La elección se realizará el primer domingo de junio cada seis años, y los aspirantes podrán realizar campañas, con acceso a los tiempos políticos en radio y televisión.
La nueva reforma electoral vuelve a poner sobre la mesa la reducción sustancial de diputados federales, senadores, diputados locales y regidores de todo el país. De entrada, se reducirá el número de diputados federales de 500 a 300, al eliminarse las 200 posiciones plurinominales.
Mientras que el Senado pasaría a 64 escaños, dos por cada estado, que serían elegidos de manera directa por votación de mayoría relativa.
Esto significa una diferencia sustancial respecto a la anterior iniciativa propuesta por el presidente López Obrador que planteaba un método de votación representativa con listas de candidatos propuestas por cada partido para toda la entidad.
La iniciativa que ahora discutirá el Congreso de la Unión también reduce de manera radical la composición de los congresos locales.
“Se propone establecer los siguientes topes en la definición de sus integrantes: el número de representantes en las legislaturas no podrá exceder de 15 diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a 1 millón de personas y por cada 500,00 habitantes adicionales podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de 45”.
Con esta regla, el Congreso de Tamaulipas, que actualmente tiene 36 espacios -22 de mayoría y 14 plurinominales- pasaría a tener 20 curules. Lo mismo ocurre con la conformación de los Ayuntamientos.
“El mismo criterio poblacional debe prevalecer en la integración de los ayuntamientos y las alcaldías, por lo que se propone reformar el artículo 115 para definir como estructura base de los ayuntamientos: una presidencia municipal, una sindicatura y un número variable de regidurías conforme a la población del municipio”. Los municipios con una población menor a 60,000 habitantes (33 de los 43 municipios de Tamaulipas) sólo tendrían una regiduría.
Los que tengan entre 60,000 y 370,000 tendrán tres regidurías, que en el caso de Tamaulipas serían Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Río Bravo, Tampico, Victoria y Valle Hermoso.
Tendrán cinco regidores los que tengan entre 370,000 y 690,000 habitantes. En ese supuesto entran sólo Matamoros y Nuevo Laredo; mientras que Reynosa tendría siete, los que corresponden a municipios de entre 690,000 y 1 millón de habitantes.
APROBACIÓN COMPLICADA
Todas estas modificaciones al sistema electoral y judicial mexicano forman parte de una batería de 20 iniciativas -18 constitucionales- enviadas por el Presidente al Poder Judicial. En la lista se incluyen muchos otros temas como la Guardia Nacional, la eliminación de los organismos autónomos, elevar las pensiones al 100 por ciento del salario, la prohibición de vareadores y el uso de fentanilo, y mantener los aumentos al salario mínimo por arriba del 100 por ciento.
Sin embargo, el mismo presidente ha reconocido que su aprobación será muy difícil debido a la negativa de la oposición, pero aseguró que éstas permitirán a los ciudadanos contrastar los proyectos que representan las aspirantes presidenciales.
La coalición opositora de PAN, PRI y PRD en el Congreso rechazó tajante la aprobación de las reformas constitucionales que impliquen afectación a las instituciones, al equilibrio entre Poderes y mayor militarización de la seguridad pública. Con esas reformas no hay negociación posible, coincidieron los coordinadores parlamentarios, y desde ahora advirtieron que serán rechazadas cuando se pongan a discusión del pleno.
“Estas reformas son insuficientes y generan falsas expectativas, por ejemplo, en pensiones no se incluye a millones de trabajadores, entre ellos a los universitarios y municipales”, consideró el priista Rubén Moreira.
El panista Jorge Romero consideró que hay iniciativas imposibles de transitar. “El INE no se toca y el Poder Judicial no se toca. Hay viables e imposibles, calificando éstas últimas como una trampa ideológica y electorera en la que caeremos”, planteó. El perredista Francisco Javier Huacus aseguró que la coalición se mantiene unida en la defensa de las instituciones y los órganos autónomos.
Por lo pronto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados controlará la aprobación de las reformas.
Con mayoría de Morena y aliados, presidida por el morenista Juan Ramiro Robledo, esta comisión recibió 18 de las 20 iniciativas presidenciales y llevará mano en la redacción del dictamen de cada una de ellas. Cada reforma constitucional puede ser aprobada en esa instancia por mayoría simple. Pero en el Pleno se necesitan los votos de la Oposición para lograr la mayoría calificada.
Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), advirtió que aun cuando Morena avale algunas reformas en comisiones, la Oposición las bateará en el Pleno.
POR STAFF
