Las estaciones migratorias de Reynosa y Matamoros son las peores evaluadas en Tamaulipas y se convierten en una “trampa” para los migrantes que tienen la desgracia de caer en esos lugares al ser detenidos por personal del Instituto Nacional de Migración (INM).
De acuerdo con el “Informe Especial sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias: hacia un nuevo modelo para la atención de la migración irregular”, las estaciones de Reynosa y Matamoros obtuvieron una calificación “inadecuada”.
Personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo la visita a dichos lugares y revisó cuatro variantes a los que se les otorgó un valor del 25 por ciento: condiciones de alojamiento, infraestructura de seguridad, protección y defensa jurídica e infraestructura de salud. De manera general las estaciones y estancias migratorias en Tamaulipas alcanzaron apenas una calificación de 55.65 por ciento, sin embargo de manera individual Matamoros obtuvo la calificación más baja con 45.71 por ciento. Reynosa obtuvo el 53.81 por ciento al sumar los cuatro valores revisados, Nuevo Laredo sumó 58.21 por ciento, mientras que Tampico sería la que obtuvo la mayor calificación, pero esta apenas es del 64.88 por ciento de un valor de 100.
Sin embargo, al preguntar directamente a los migrantes que estuvieron en algunas de las estaciones migratorias, otorgaron a la de Reynosa una calificación de cero. Hacinamiento, falta de acceso a la salud, de un lugar digno para dormir y uno diferente para tomar alimentos, además de incomunicación y permanecer en dicho lugar por más tiempo del necesario, son algunas de las violaciones a los derechos humanos.
Aún cuando la reforma de noviembre del 2020 a la Ley de Migración señala que tanto el DIF nacional como los sistemas DIF estatales debían atender integralmente a niños, niñas y adolescentes migrantes, pues no deben ser alojados en estancias provisionales o estaciones mimgratorias, por lo que de viajar acompañados deben ser canalizados a la red DIF, esto parece letra muerta en muchos de los casos y ha sido documentado por la CNDH.
De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos (SNA) desde el 2019 el Instituto Nacional de Migración (INM) está dentro de los primeros lugares de las autoridades más señaladas en los escritos de queja por presuntas violaciones a derechos humanos.
En 2022 de las 2,141 quejas contra el INM, se señala que en Tamaulipas se cometieron el 5.5 por ciento de las violaciones a derechos humanos, colocando a la entidad en el sexto lugar nacional.
Mientras que en 2023, de acuerdo con el Informe entre enero y octubre, de las 2,863 quejas, Tamaulipas ya había acumulado 127 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en contra de personal del INM, manteniendo el sexto lugar nacional en ese rubro.
Las condiciones de hacinamiento en las estaciones y estancias migratorias han prevalecido desde hace años, como se estableció en el Informe especial sobre el tema de la CNDH.
“Las estaciones migratorias y estancias provisionales han mantenido un modelo carcelario en el que las personas son encerradas bajo llave y que son tratadas de manera similar que las personas privadas de la libertad por haber cometido un delito”.
Las personas migrantes desde que salen de su lugar de origen, son sometidas a una serie de factores externos, en su mayoría adversos, afectando su estabilidad mental y emocional, situación que se agrava por las condiciones de su detención.
El hacinamiento, además de interferir con el pleno acceso a sus derechos humanos, provoca eventos violentos, como el ocurrido en marzo del 2023 con el incendio de la estancia provisional de Ciudad Juárez donde 40 personas perdieron la vida.
Las violaciones a derechos humanos a personas migrantes han derivado en 60 recomendaciones del 2019 al 2023 y se emitieron 75 conciliaciones.
Entre las violaciones a derechos humanos que sufren las personas que están de paso por el país se encuentran la negligencia en la atención de la salud, la condición de las instalaciones, luego que no hay lugares especiales para ingerir alimentos o dormitorios, además, y es una de las más recurrentes el que se prolongue la estancia de personas migrantes en dichos lugares.
Aunque también ha habido casos de agresiones sexuales, actos de tortura y negarles el acceso a la seguridad jurídica y durante la pandemia, el negarles el acceso a la salud, lo que derivó en la muerte de un ciudadano salvadoreño que falleció en la estación migratoria en la Ciudad de México.
En Chiapas, donde más violaciones a los derechos humanos se reportan, una persona procedente de Honduras, quien manifestó a las autoridades tener problemas con otros extranjeros y pese a ser asignado a un área para estar solo, fue encontrado muerto al día siguiente, por lo que se consignó la negligencia del personal.
Otro caso más ocurrió en la estancia provisional de la “Expo Guadalupe” en Nuevo León, a donde fue llevado un migrante salvadoreño que había sido rescatado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo la persona comenzó a sentirse mal y no se le dio la atención médica y falleció debido a un infarto.
Otro caso en la estación migratoria de Guadalupe, Nuevo León, donde niños, mujeres y hombres convivían en espacios comunes en condiciones de hacinamiento, sin acceso a atención médica, insuficiencia de sanitarios, sin regaderas, comiendo y durmiendo en el piso sobre colchonetas, sin ventiladores, por lo que sufrían de altas temperaturas.
Para la realización del Informe Especial 2024, se efectuaron 13 entrevistas grupales a personas migrantes, destacando que el 30.8 por ciento del total de personas alojadas que fueron entrevistadas indicaron que no sabían en donde se ubicada la estancia o estación migratoria donde se encontraban El 23.1 por ciento no sabían los motivos por los que habían ingresado al lugar y el 69.2 por ciento no sabían cuál era su situación migratoria al momento de la entrevista.
El contexto de las personas entrevistadas y que se encontraban e alguna estancia provisional o estación migratoria durante la realización de las encuestas señala que el 27 por ciento son mujeres y 73 por ciento hombres. Un 3.45 por ciento no hablaban español, el dos por ciento son víctimas o testigos de delito, 1.09 por ciento pertenecen a la población LGBTIQ+, 0.18 por ciento son mujeres embarazadas y 0.18 por ciento son adultos mayores.
POR PERLA RESÉNDEZ
POR PERLA RESÉNDEZ
