CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El nuevo Auditor Superior del Estado, Francisco Noriega, recibió como herencia el seguimiento a 23 denuncias penales presentadas por ese organismo por presuntos desvíos de recursos cometidos entre el 2016 y el 2023.
En total, se reclaman 2,349 millones de pesos y 672 mil dólares, presuntamente desviados en diferentes organismos estatales y municipales.
Entre los organismos denunciados están la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ayuntamientos como el de Reynosa, Comapas de diferentes municipios, y hasta el Tribunal Electoral de Tamaulipas.
La denuncia con el mayor monto señalado es la presentada tras la fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Estado por el ejercicio fiscal del 2016.
Se ubica como presunto responsable al ex Secretario, Jorge Silvestre Ábrego, y el estado de la denuncia, de acuerdo al último informe presentado por la ASE al Congreso del Estado, es todavía “en investigación inicial”.
Este caso corresponde al del presunto uso de factureras durante la administración estatal 2011-2016.
El segundo monto más alto en las denuncias presentadas por la ASE corresponde al de la Comapa de Tampico, por actos de presunta corrupción cometidos entre el 2009 y el 2012. Como posibles responsables se apunta a Jorge Manzur Nieto, Mario Leal Rodríguez, David Ulloa González y Francisco Bolado Laurents. En total, se apunta un desfalco de 1,006 millones de pesos.
En la lista de denuncias penales presentadas por la ASE durante la gestión de Jorge Espino Ascanio, quien dejó su cargo apenas el viernes pasado, hay tres relacionados contra el Ayuntamiento de Reynosa, donde se señala como responsable a la ex alcaldesa Maki Ortiz Domínguez.
Se trata de tres carpetas que aun se presentan “en investigación inicial” y que datan del 2021. Una por 32 millones 644 mil pesos, otra por 44 millones 065 mil pesos y una más por 1 millón 200 mil pesos.
Otro ex alcalde presente en las denuncias de la ASE es Andrés Zorrilla, de Ciudad Madero, a quien se le acusa por irregularidades financieras por 13 millones 601 mil pesos.
Las denuncias más recientes son contra Comapas: a la Palmillas se le achacan desvíos por 318 mil pesos, a la de Abasolo por 1 millón 430 mil pesos, a la de Camargo por 1 millón 723 mil pesos, y a la de Guerrero 2 millones 110 mil pesos, entre otras.
Destaca también la denuncia reciente contra el Tribunal Electoral de Tamaulipas.
Con el expediente NUC 234/2023 se señalan irregularidades por 1 millón 648 mil pesos cometidas durante el 2018 y el 2019. Se anota como posible responsable al magistrado Edgar Danés Rojas.
Apenas el pasado viernes, comenzó la gestión de Francisco Noriega Orozco como Auditor Superior del Estado, luego de que un Tribunal Colegiado ordenara a Jorge Espino Ascanio entregar el cargo.
En sus primeras declaraciones como Auditor, Noriega Orozco, advirtió que aunque no se cometerán injusticia, serán exhaustivos en la revisión de las cuentas públicas.
“No pretendemos ser arbitrarios en ningún momento”, dijo, pero advirtió que no se dejarán pasar los actos de irresponsabilidad que puedan ser demostrados.
Ante la manera accidentada en la que se llevó a cabo la entrega-recepción, no descartó iniciar una revisión mayor, pero pidió tiempo para conocer a detalle el estado del organismo.
“Se procedería en su caso, así como falsear y las cosas que no están debidamente registradas”, dijo.
Reiteró que ante la importancia que representa la ASE, debe ser “muy profesional en su actuar y es lo que queremos hacer”.
“Evaluar a las personas que están laborando y algunos de ellos tienen años y queremos aprovechar su experiencia, sobre todo para no comprometer los procesos a los que estamos obligados”.
En la recta final de la gestión de Espino Ascanio, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría llamó al Auditor y se le solicitó entregar los papeles de 35 cuentas públicas del 2021 que presentan observaciones, sin embargo, el funcionario se amparó para no entregarlas, señalando que no estaba obligado a ello.
Tras citarlo en varias ocasiones, en muy pocas asistió, Espino Ascanio solicitó que las mismas fueran reservadas para que no se transmitieran y no se violentara el proceso, según explicó.
Finalmente, los diputados accedieron a la citada información, aunque señalaron que deberían revisar la información a detalle y en sesión de la Comisión de Vigilancia se aprobó un dictamen suspensivo, es decir una prórroga, para la revisión de los informes entregados por la Auditoría Superior del Estado.
Por Staff
Expreso-La Razón
