La derecha radical ha salido por tercera vez a la plaza pública a manifestar su desacuerdo con el gobierno y la transformación que impulsa a través de sus iniciativas para modificar la Constitución y las leyes. La sociedad civil a través de un Manifiesto Ciudadano leído en el Zócalo de la Ciudad de México expresó su convicción de que está en marcha una elección de estado, da por hecho que hay campañas financiadas por el narco y convoca al voto masivo el 2 de junio. Al mismo tiempo Xóchitl Gálvez y la Coalición de partidos que la postulan han activado todos sus mecanismos de comunicación social en medios y en redes sociales para afirmar que el 2 de junio habrá una elección de estado y una narcoelección refiriéndose específicamente a la elección de Presidente de la República.
Queda claro en el discurso de Lorenzo Córdova, vocero marchista, que la derecha está preocupada por la democracia que defiende a las instituciones “que nos ha costado 30 años de lucha construir” y a “la ley que es la ley” pero tiene muy pocas preocupaciones por la democracia integral a la que se refiere el artículo tercero de la Constitución, que la considera no solamente como un régimen jurídico y político sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, dicho de otra manera la democracia que concibe a la justicia social como un objetivo fundamental.
Para sustentar sus argumentos fantasiosos la sociedad civil marchante y la Coalición PAN-PRI-PRD sostienen que Claudia Sheinbaum utilizó su cargo de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para hacerse propaganda con recursos públicos y que el gobierno de López Obrador ha utilizado los programas sociales para comprar votos. Afirman también, que hay una marcada presencia del crimen organizado en el territorio nacional, y que hay aportaciones masivas de dinero de procedencia ilícita hacia partidos y candidatos.
Es fantasioso decir que hay una elección de estado porque los Programas Sociales del Gobierno se usan para comprar votos, porque equivale a decir que los ciudadanos que reciben los recursos de los programas sociales están vendiendo su voto, es ofensivo y equivale a decir que no tienen conciencia de que están ejerciendo un derecho sino que quieren vender su voluntad política y que por ello no están eligiendo libremente. Eso es subjetivo y muy difícil de probar jurídicamente. Es un argumento retórico utilizado para crear desconfianza en la elección y sus resultados.
Es fantasioso y perverso descalificar una elección presidencial afirmando que hay una violencia generalizada que impide que se ejerza libremente el voto ciudadano, en primer lugar por qué los focos de violencia conocidos están perfectamente focalizados en algunos municipios de poca población y difícil acceso en algunas entidades de la república, en segundo término porque la realización de las elecciones, aun en medio de una guerra o de las peores condiciones de violencia, mantiene viva a la democracia como la mejor oportunidad de que una sociedad elija libremente a gobernantes y formas de gobierno en la búsqueda de un mejor camino hacia la seguridad y la paz.
Es fantasioso afirmar que habrá elección de Estado y narcoelección porque la elección de Presidente que cada ciudadano realiza con su voto se da en un pequeño espacio cerca de su domicilio que es la casilla electoral. Para recoger esa gran votación, la de todo el país, la de todos los ciudadanos, se instalarán aproximadamente 170 mil casillas que serán atendidas por ciudadanos capacitados como funcionarios de casilla, y que estarán distribuidas en todo el territorio nacional, cada casilla será vigilada por los representantes de todos los partidos políticos, de tal manera que la elección de Presidente de la República sucede en cada una de esas casillas que se abren y se instalan a la misma hora y permanecen abiertas hasta las 6:00 de la tarde en todas partes.
Cuando la elecciones transcurren de manera pacifica y ordenada en la mayoría de las 170 mil casillas en donde votaran aproximadamente 64 millones de mexicanos, las elecciones son validas y sus resultados también porque en cada una de ellas los ciudadanos eligieron libremente.
En México no hay una elección de estado y no habrá narcoelección de Presidente de la República ni se anulará por esas causas la elección del 2 de junio, porque la elección la harán, la vigilaran y la contaran los ciudadanos, con la misma legislación y las mismas autoridades electorales, INE y TRIFE, que en el 2018.
Llama poderosamente la atención que la oposición de derecha, defensora de la democracia, no se pronunció ni en la plaza pública, ni a través de sus líderes, por el máximo acto de legitimidad de la democracia: reconocer los resultados de las elecciones.
POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ
