Los topes de gastos de campaña constituyen una pieza angular en el entramado electoral, especialmente, para proporcionen las condiciones equitativas para las candidaturas del actual Proceso Electoral 2023-2024.
Es en este marco, el IETAM aprobó los límites máximos de gastos de campaña para cada elección local, conforme al marco jurídico establecido en el artículo 116 de la Constitución Política Federal, se garantiza que las leyes electorales de los Estados fijen los criterios y límites de gastos para partidos políticos y candidaturas independientes, asegurando un juego equitativo en el proceso electoral.
En cuanto a la Ley Electoral Local, en ella se establece claramente que los gastos de propaganda y actividades de campaña no pueden rebasar los topes acordados por el Consejo General del IETAM. Dichos topes se calculan en base al número de electores inscritos en el Padrón Electoral multiplicado por el 55 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Cabe destacar que estos topes varían significativamente entre los distintos distritos y municipios, reflejando las diferencias en el tamaño de sus padrones electorales.
Por ejemplo, los topes de gastos de campaña para las diputaciones locales oscilan entre 6 millones 535 mil pesos y 9 millones 544 mil pesos, dependiendo del tamaño del distrito. En el caso de los municipios, las diferencias son aún más pronunciadas, que van desde los 55 mil 829 pesos aprobados para San Nicolás hasta el tope determinado para Reynosa, el cual asciende a 34 millones 791 mil 704 pesos.
Los topes de campaña abonan a la certeza, legalidad y transparencia en el financiamiento electoral y, a la vez, son fundamentales para garantizar la equidad entre quienes contienden por los cargos. En este sentido y con el propósito de evitar que las disparidades en los recursos financieros logren distorsionar el proceso democrático, el Instituto Nacional Electoral cuenta con complejo sistema de fiscalización que no tiene parangón.
Aun cuando, el precio del voto está íntimamente ligado a la regulación de los gastos de campaña, no podemos olvidar que se presume un financiamiento paralelo, no calculado, que escapa a la fiscalización del INE.
Por lo que, aun cuando las autoridades electorales siguen trabajando en la optimización de los mecanismos de control y supervisión para garantizar un proceso electoral equitativo; es necesario que las y los actores políticos atienda el llamado respetuoso del INE y del IETAM para gestionar sus recursos con responsabilidad, transparencia y dentro de los límites legales establecidos con el fin de evitar encarecen el costo del voto en 2024.
¿Usted, qué opina?
POR NOHEMI ARGÜELLO SOSA
