Más que para el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un coscorrón -el enésimo para el Tribunal Electoral de Tamaulipas.
Durante la discusión que derivó en la revocación de la sentencia del Trieltam, los magistrados de la Sala Monterrey señalaron en más de una ocasión la responsabilidad del tribunal local en las fallas procesales que permitieron que a estas alturas, siga en el aire el registro de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas.
La historia de este nuevo laberinto jurídico-electoral comenzó en el mes de enero, cuando Morena impugnó el registro de la coalición del PAN y el PRI para la elección local.
Su representante ante el IETAM, Andrés García Repper, señaló que Acción Nacional no entregó completa la documentación exigida por la ley; entre otras, cosas le faltó la aprobación de la Comisión Permanente de ese partido.
A raíz de ahí, desde el 14 de enero del 2024 interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas, que apenas el pasado 15 de marzo -¡dos meses después!- abordó el tema en una sesión no presencial en la que de manera unánime, validó el acuerdo del IETAM para permitir el registro de la coalición.
Los magistrados determinaron que luego de haber incumplido en una primera instancia con la entrega de la documentación, en un plazo razonable, el PAN había registrado los documentos faltantes, satisfaciendo así las exigencias de la ley.
Repper recurrió entonces a la Sala Regional del Tribunal Federal, que ayer revocó la sentencia de sus pares tamaulipecos, por considerar que se excedieron en sus facultades, al revisar la documentación y aprobar el registro, cuando lo único que tenían que hacer era otorgar un nuevo plazo de 24 horas al IETAM para que revisara otra vez los requisitos y se pronunciara sobre el registro.
La magistrada Claudia Valle Aguilasocho fue particularmente insistente en los yerros del Tribunal local que debió, dijo, “darse cuenta de que en el ínter del dictado del acuerdo que estaba revisando y la emisión de su sentencia, la documentación faltante se había exhibido ante el propio IETAM, que la había requerido para completar la validación del convenio de coalición”.
Lo que tenían que hacer los magistrados, insistió, era “urgir una definición en sede administrativa considerando la notoria ambigüedad e indebida aplicación de un plazo abierto, cuando tenía una norma que fijaba un término que había emitido el propio IETAM”.
Desde hace meses, el Tribunal Electoral de Tamaulipas sufre una crisis política que incluye un enfrentamiento entre sus integrantes, un proceso abierto para destituir al magistrado presidente, un evidente rezago en el tratamiento de los asuntos, y la cada vez más inexplicable a sesionar de manera presencial.
Todo ello, en medio del proceso electoral más grande de la historia. Mal augurio para la elección en puerta.
