Echar abajo la ley “guarura”, quitar los candados a la Constitución, y remover a los titulares de organismos autónomos son algunas de las posibilidades que ahora tendrá Morena en el Congreso con su hegemonía en el congreso.
Los partidos de la 4T lograrán en la próxima Legislatura tener el control absoluto del Legislativo. Los resultados en la pasada elección les aseguran 21 de las 22 posiciones, más las que logren con diputados plurinominales, con las que superarán sin problema la mayoría calificada.
Con ello, la 66 Legislatura podrá llevar a cabo las reformas constitucionales que hasta hoy no han logrado por no contar con las dos terceras partes del Congreso. De las reformas heredadas por la 64 Legislatura, solo una, la creación de una mega Fiscalía de Justicia, se ha logrado echar atrás.
Con las reformas aprobadas, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), asumió el control de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), del Centro de Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Además del Centro general de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) en Reynosa y estuvo a cargo de los elementos de élite del polémico Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), después desaparecidos.
Antes de la llegada de Américo Villarreal al gobierno de Tamaulipas, el anterior Congreso presentó además una iniciativa, después aprobada para agregar un párrafo al artículo 165 de la Constitución de Tamaulipas, para impedir al Congreso estatal realizar reformas constitucionales; al menos, sin la aprobación de la mayoría de los 43 cabildos municipales.
Otra más que reformó el artículo 43 de la Constitución de Tamaulipas y la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, con esta, la presidencia de la Mesa Directiva se rotaría entre todos los grupos parlamentarios que conformen la legislatura en curso. Otra reforma que ponía candados al nuevo Congreso (que está a punto de concluir), fue una reforma al artículo 29 de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y al artículo 3 de la Ley de Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, con el que se estableció que se requerían las dos terceras partes de los diputados para hacer modificación a esta norma interna.
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional dicha reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 15 de junio del 2022, que contravenía lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución del Estado y el 116 de la Constitución Federal, determinaron los 11 ministros del Pleno. Otro de los candados que la actual Legislatura no ha podido echar abajo es la llamada “Ley Guarura” aprobada también en 2021 para proporcionar seguridad personal al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el ex Secretario General de Gobierno y el ex titular de Seguridad Pública del Estado.
A la llegada de García Cabeza de Vaca al gobierno de Tamaulipas, junto con el Congreso aliado, logró quitar los escoltas asignados a los ex gobernadores Tomás Yarrington y Egidio Torre, pero antes de concluir su mandato, él y sus más funcionarios más allegados, lograron blindarse con seguridad por seis años, con la opción de otros seis años más, de requerirse y justificar la petición.
Al inicio de la actual administración de Américo Villarreal, el Congreso buscó tumbar todas las reformas aprobadas por sus antecesores sin éxito, incluso buscó la renuncia del Fiscal General de Justicia, Irving Barrios Mojica, acusándolo de ser aliado de Cabeza de Vaca. En más de un intento, tampoco se logró tumbar al Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda; luego de varias acciones se logró separarlo del cargo, pero en menos de un mes regresó a su puesto, después de que un juez federal le otorgara una suspensión, reconociéndole el fuero constitucional contra la orden de aprehensión que tiene en su contra.
Pese a ello, el mencionado funcionario tiene en sus archivos más de 50 denuncias presentadas por la actual administración estatal en contra de ex funcionarios, inlcuyendo al ex gobernador García Cabeza de Vaca, por presuntos delitos de corrupción, de las que apenas tres se judicializaron. También se mencionó mucho al arrancar el nuevo gobierno, la actuación de varios Jueces para perseguir a presuntos enemigos políticos, por lo que el Poder Judicial también fue señalado de “complicidad”.
David Cerda Zúñiga, fue asesor del Ejecutivo en la administración de Francisco García Cabeza de Vaca y pronto se convirtió en Jefe de la Oficina del Gobernador hasta agosto del 2021, cuando fue designado Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas y del Consejo de la Judicatura, por un periodo de seis años.
Sobre el tema de los jueces, algunos incluso señalaron que fueron “presionados” para liberar órdenes de aprehensión contra “enemigos políticos”, ya no se supo más y hasta el día de hoy, no se han pronunciado más por cambios en el Supremo Tribunal de Justicia. El único ex funcionario identificado como “cabecista” que lograron “tumbar”, pero hasta que concluyó su periodo para el que fue electo, fue el Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio.
Sin embargo, actualmente hay un auditor interino, pues Morena no contó con la mayoría calificada para nombrar a uno definitivo, algo que ya podría llevar a cabo. En la misma condición estaría el Instituto Tamaulipeco de Acceso a la Información que podría sufrir cambios, pues se ha señalado que sus consejeros mantienen cercanía con el régimen anterior. La Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas está actualmente en proceso de renovación, y también requiere de dos terceras partes de los diputados para nombrar a su titular.
POR PERLA RESÉNDEZ
