Desde diciembre de 2018, el país ha estado inmerso en una transición en la forma de gobernar pasando de una visión de oferta a una visión de demanda. Esto no significa que estamos transitando a una economía socialista o comunista, el país sigue estando bajo un sistema de producción capitalista, donde los dueños de la producción están en manos de particulares.
Lo que ha cambiado en estos tiempos es la forma de administrar y aplicar los recursos públicos; pasamos de administrar el gasto público con una visión de favorecer la productividad y competitividad del sector productivo con el propósito de mejorar el crecimiento económico y el empleo, a una visión donde lo que se favorece son los grupos de la población más vulnerables con el propósito de mejorar el crecimiento económico y el empleo a través del gasto en consumo. Esto significa que durante este periodo hemos transitado de un modelo de oferta a un modelo de demanda.
Los cambios constitucionales en materia económica de mayor trascendencia son el aumento del salario mínimo, el fortalecimiento de las condiciones laborales y la legalidad en los métodos de contratación. Estos cambios reflejan esta visión de cambio de la oferta a la demanda, donde a partir del gasto de consumo, gasto en gobierno y el sector externo se pretende impulsar la inversión en el país, tomando en cuenta un manejo responsable de la deuda.
Sin embargo, queda claro que aun cuando la visión del gasto público se encamina en favorecer la demanda, no hay un modelo que nos permita tener la claridad suficiente sobre el papel que juegan los diferentes agentes económicos en el crecimiento y desarrollo de largo plazo.
El objetivo de reducir la pobreza y mejorar las condiciones laborales ha sido muy evidente durante este gobierno; sin embargo, la falta de un modelo que dé luz hacia donde nos dirigimos y sobre todo que permita que estos objetivos sean sostenibles a lo largo del tiempo, es lo que representa para el nuevo gobierno un verdadero reto.
Si queremos transitar hacia una sociedad más igualitaria y con mayores oportunidades en los diferentes contextos, se tendrá que orientar las políticas públicas en mejorar las condiciones de competencias, regular la concentración de la propiedad del capital, regular la sustitución de capital por trabajadores, progresividad de impuestos, impulsar la industrialización de las potencialidades regionales, incorporar la ciencia y el desarrollo tecnológico a la producción local, impulsar la banca de desarrollo con tasas accesibles, promover la inversión extranjera en sectores con mayor retraso, cambiar el modelo de exportación a productos y servicios con mayor valor agregado, mayor participación de las universidades en la economía, entre otras acciones que permitan que desde cada región se orienten aquellas acciones que fortalecerían sus sistemas productivos locales.
Para verdaderamente cambiar de un modelo neoliberal a un modelo con una visión de justicia social, es necesario que el estado regule y oriente el rumbo económico en aquellos sectores que son claves y que representan una oportunidad para alcanzar mejores niveles de vida para la población. Usted ¿qué piensa?
POR JORGE ALBERTO PÉREZ CRUZ
