CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A dos años del asesinato del periodista Antonio de la Cruz y de su hija Cinthya, las voces de condena y exigencia de justicia se han ahogado en audiencias a “puerta cerrada” para imputar a solo una persona, el presunto autor material de este doble homicidio.
A la fecha, ni la Fiscalía local, ni la FGR han podido esclarecer el caso.
El 29 de junio del 2022 ha quedado grabado para la comunidad de Expreso y en general para el periodismo, como un día obscuro en Tamaulipas.
Las cinco balas criminales acallaron la voz de denuncia de un periodista comprometido con la sociedad, especialmente con las comunidades rurales que viven en desventaja.
Toño de la Cruz tenía una activa participación en el medio periodístico; twittero cotidiano, hacía denuncias sobre la actuación del gobierno estatal, municipal y de cualquier político en general que, aprovechando su posición, realizaran actividades en perjuicio de grupos vulnerables o afectaran el medio ambiente.
Luego de 24 meses de estos hechos criminales y la promesa presidencial de que se aclararía el doble homicidio, la familia de Toño, la comunidad periodística y a la que el mismo comunicador representaba, siguen a la espera de saber quién ordenó su asesinato.
La principal línea de investigación del caso, según anunció a unas horas de ocurrido el mismo por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), fue precisamente su participación periodística.
Sin embargo, a dos años de aquellas declaraciones, ni la FGJ que dejó el caso en manos de la FGR, ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) han logrado resolver el caso, que permanece en la impunidad entre un mar de dudas.
UN DÍA NEGRO
La mañana del 29 de junio, el periodista había salido y regresado a su domicilio desde muy temprano, primero llevó a la escuela a otra de sus hijas y regresó por Cinthya para llevarla a su centro de trabajo.
Al encontrarse dentro de su vehículo dispuestos a emprender movimiento, fueron agredidos por un tirador que empezó a disparar por enfrente y de manera lateral del vehículo del periodista.
Los peritos que analizaron la escena, encontraron cuatro casquillos percutidos y dos cartuchos útiles calibre 40 milímetros, todos salieron de la misma arma, por lo que se trataría de un solo agresor.
Los impactos fueron en la parte frontal y lateral, logrando impactar hasta por cuatro ocasiones al periodista, y una vez a su hija Cinthya, quien sobrevivió al ataque, pero debido a la gravedad de la herida falleció justo el día en que Toño era sepultado.
Ante la magnitud de los hechos, intervino la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión de la FGR, por lo que el caso pasó de la Fiscalía estatal a la federal.
A la ciudad llegaron peritos e investigadores, hicieron múltiples diligencias, entrevistas con familiares y compañeros de Toño, sin embargo, pasaron los meses sin noticias concretas.
Durante ese largo año, el entonces Subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, Ricardo Mejía, hacía apariciones esporádicas en las conferencias mañaneras de Presidencia de la República, donde afirmaba que la investigación iba avanzada y que pronto habría resultados.
Pero fue hasta un día antes del primer aniversario de su asesinato, que se anunció la detención de una persona.
Se trató de Rafael Santiago “A”, presunto integrante de un grupo criminal con operaciones principalmente en Nuevo Laredo y quien habría sido detenido junto a otros diez sujetos, relacionados a otros hechos delictivos en la capital del estado, entre ellos, un tiroteo en el autódromo ubicado a la salida de Victoria.
Rafael Santiago “A.R.” fue presentado ante un juez federal de control como autor material de los asesinatos, en una audiencia que se decretó privada, por lo que prensa y público fue retirado.
Solo se informó a través de un comunicado que el detenido fue vinculado a proceso dentro de la carpeta 48/2023 por homicidio calificado, premeditación, alevosía y ventaja, en agravio del periodista de Expreso Antonio de la Cruz y su hija Cinthya.
El Ministerio Público dijo que en este caso ejercitó «la facultad de atracción, realizando todas las investigaciones necesarias de las cuales derivaron 109 datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad penal del imputado».
El Juez otorgó cuatro meses para la investigación complementaria y autorizó la prisión preventiva oficiosa para Rafael Santiago “A.R.”, quien se encuentra recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Nuevo Laredo, donde opera el grupo para el que presuntamente trabaja.
SIGUE LA IMPUNIDAD
El de Toño, fue el asesinato número 12 de ese año, que hasta esa fecha y de acuerdo con la organización Artículo 19 contabilizaba 157 personas que ejercían el periodismo y que fueron asesinadas en México desde el año 2000, todas ellas relacionadas con su actividad periodística.
De los homicidios, 37 habían ocurrido hasta esa fecha, durante la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el 1 de diciembre del 2018.
Incluso en varias ocasiones en las conferencias matutinas, varios periodistas llevaron el tema del homicidio de Toño de la Cruz y en cada una de ellas, el Presidente aseguraba que en las siguientes semanas se daría a conocer avances del caso, lo que nunca ocurrió hasta un día antes del primer aniversario luctuoso del periodista, el 28 de junio del 2023.
La detención de Rafael Santiago “A.R.” y otros diez cómplices del mismo grupo delictivo, se relacionó a diversos hechos, entre ellos homicidios que se habían registrado en la capital del estado.
Las investigaciones de la Fiscalía de Tamaulipas relacionaron una de las armas utilizadas en estos hechos y recuperada al catear varios domicilios, con la utilizada por el motosicario que ultimó a Toño y a su hija Cinthya, por lo que se dio aviso a la FGR y se armó el caso para judicializarlo.
Sin embargo, a dos años y con solo una persona detenida, presentada como quién disparó en cinco ocasiones contra Toño, aún no se informa quién ordenó el homicidio del periodista y por qué. La justicia aún no llega.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón