En México todas las personas tienen derecho a que los tribunales les administren justicia en los plazos y términos de la ley, de manera gratuita, pronta e imparcial, es decir, debería haber justicia para todos, imparcial, gratuita, rápida y con apego a la ley, porque así lo establece la Constitución y por ello prohibe a todos hacer justicia por sí mismos y utilizar violencia para reclamar su derecho.
Sin embargo, la opinión de los mexicanos acerca del Poder Judicial es mala porque los juzgadores resuelven torciendo el sentido de las leyes y quienes tienen dinero y no las respetan quedan impunes. Los ejemplos de ello se difunden ampliamente en los medios y redes sociales, como el caso de un hombre que despertó a su esposa a batazos y quedó libre de intento de feminicidio porque, según razonó el juez, si la hubiera querido matar habría utilizado un arma y no un articulo deportivo.
Otro caso muy frecuente es el de los narcos y mafiosos que arrasan pueblos enteros, matan, secuestran, extorsionan y roban, y siempre quedan libres porque de acuerdo al razonamiento de los jueces, magistrados o ministros, cuando los detuvieron no estaban cometiendo ningún delito y/o se violaron sus derechos humanos.
Un hecho que se repite es el uso de amparos y recursos de inconstitucionalidad que promueven un buen número de empresarios adinerados para evadir el pago de impuestos mediante juicios, revisiones y apelaciones interminables que les permiten no pagarle miles de millones de pasos a Hacienda durante décadas.
La idea generalizada de los ciudadanos de a pie es que la justicia es parcial, es cara, es lenta, es solo para quienes tienen dinero para comprar una resolución a su favor y que las cárceles están llenas de pobres. La mayoría comparte la idea de que el Poder Judicial debe ser reformado.
Actualmente los ministros de la Suprema Corte los elige el Presidente de la República que somete su designación a la ratificación del Senado en donde la costumbre ha sido que el partido que gobierna lleva la mejor parte, pero los de la minoría reclaman cuotas que tarde o temprano hacen efectivas.
Los jueces y magistrados son nombrados por el Consejo de la Judicatura que es presidido por el Ministro Presidente de la Suprema Corte y después de 6 años de ejercicio, si son ratificados, ya no podrán ser removidos de su cargo, salvo excepciones, hasta que cumplan 75 años.
Para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de un Tribunal Colegiado o Juez de Distrito se requiere: Ser mexicano por nacimiento; estar en pleno ejercicio de sus derechos; en el caso de ministros y magistrados tener más de 35 años y en el caso de los jueces 30 años; gozar de buena reputación; no haber sido condenado por delito que amerite cárcel; tener antigüedad en el ejercicio de la profesión de 10 años para los ministros y de 5 años para los magistrados y jueces de distrito; el Ministro de la Corte no debe haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado Federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento.
Es falso que se necesite maestría o doctorado y haber ocupado un cargo en algún juzgado. Solo se deben cumplir los requisitos que marca la ley. El Poder Judicial no puede seguir siendo una elite privilegiada y sobrepagada, necesita servidores públicos con vocación y compromiso con la nación y con la justicia. El principio rector en la eleccion de juzgadores es que en una democracia los ciudadanos reciben y aceptan el mandato de otros ciudadanos para servir a la sociedad.
Dicen los comunicadores, empresarios y abogados opositores a la reforma judicial, que someter el nombramiento de los futuros juzgadores al voto popular es politizarlo, que se pone en juego su imparcialidad dado que le deberán su cargo a los electores, que tendrán que hacer campaña para que la gente sepa a quién va a elegir y que los partidos y fuerzas oscuras, incluyendo al crimen organizado, se involucrarán en su elección para contar con sus decisiones.
Pero después de 50 años de resoluciones deshonestas, corrupción, impunidad y excesos, poner la elección de los jueces, magistrados y ministros en manos de los ciudadanos parece la solución más sensata y será también un recordatorio de que el Poder Judicial está instituido por el pueblo en beneficio del pueblo que espera que todos ellos cumplan con rapidez, imparcialidad y apego a la ley con su obligación de impartir justicia para todos.
POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ
